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Hacienda tutelará la movilización del superávit de ayuntamientos contra el Covid

El Gobierno quiere movilizar una parte importante del superávit acumulado por los ayuntamientos españoles en la lucha contra el coronavirus. El Ejecutivo ya incorporó en el real decreto del pasado 17 de marzo de medidas económicas para paliar el impacto de la pandemia la posibilidad de que las entidades locales liberasen fondos para financiar y costear medidas vinculadas a servicios sociales de atención primaria y de atención a la dependencia. Este martes, el Consejo de Ministros dio un paso más al fijar en un 20% de su saldo bancario positivo, una vez atendidos pagos a proveedores y amortización de deuda, el importe máximo que podrá destinar a estas políticas.

Se trata de una cantidad que podría superar los 5.000 millones de euros. Los ayuntamientos tienen restringido el uso de superávit presupuestario desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro en 2012. El Gobierno de Pedro Sánchez relajó las restricciones. Ahora, puede destinar sus remanentes de tesorería tras cubrir gasto corriente a pagar deuda y a lo que se denomina inversiones financieramente sostenibles (IFS), aquellas que no implican nuevas partidas de gastos en el futuro.

La diferencia es que, con las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, el superávit de las entidades locales podrá destinarse a financiar ayudas económicas y prestaciones de servicios sociales recogidas dentro del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. El pasado jueves por la tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo una videoconferencia con los consejeros económicos de las comunidades autónomas en la que surgió la necesidad de coordinar esas acciones municipales para garantizar su eficiencia y evitar duplicidades entre administraciones.

En los últimos días, se había especulado con que Hacienda pretendía requisar los saldos bancarios positivos de los ayuntamientos, algo que ha quedado descartado. "En ningún momento el ministerio mostró su intención de captar esos recursos, ni para el Gobierno ni para las CCAA. A ese respecto, lo que comunicó la ministra a las autonomías es la importancia de coordinar esfuerzos con las entidades locales, de forma que las actuaciones no se duplicaran y se complementaran", señalan fuentes de la Conselleria de Hacienda valenciana, cuyo titular, Vicent Soler, participó en la reunión virtual con los consejeros. "El dinero es de los ayuntamientos, y solo la limitación de la capacidad de gasto es lo que les ha impedido disponer de esos recursos, por lo tanto, deben ser los ayuntamientos los que dispongan de ese dinero depositado en los bancos".

No obstante, el Ministerio de Hacienda se ha reservado la capacidad de supervisión y aprobación de los proyectos que pongan en marcha las entidades locales. Los ayuntamientos no podrán usar el dinero de forma discrecional. "Las entidades locales deberán remitir [al ministerio] cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de este real decreto-ley". El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos como al correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo de envío, podrá llevar aparejada la imposición de medidas de refuerzo de control de las cuentas municipales y la posible intervención de las mismas.

Tras la videoconferencia con la ministra, son muchas las autonomías que han comenzado a organizar y coordinar acciones con ayuntamientos para alinearse en la respuesta social contra el coronavirus. Entre las acciones que se preparan, están reforzar las políticas locales de asistencia y colaboración con residencias de mayores, colaborar con los servicios de emergencia en tareas de control o desinfección contra el virus, realizar compras de material o colaborar en el reparto de comidas a domicilio a colectivos vulnerables y población de riesgo que vive sola.

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