Spain

Hacienda retrasa el plan de 11.000 millones, pero Moncloa exige que la solución no pase de esta semana

Montero defiende que sean las comunidades autónomas las que canalicen las ayudas directas y Sánchez quiere consejo extraordinario este viernes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia CalviñoJAIME GARCÍA

Se constata cada vez más que el anuncio gubernamental de un plan de 11.000 millones fue una improvisación y se ha desatado división en el Ejecutivo sobre el procedimiento y diseño. El Ministerio de Hacienda ha retrasado el plan al defender que sean las comunidades autónomas las que ejecuten el apartado de ayudas directas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, había protagonizado un viraje y aceptaba ya que fuera el Estado el encargado, pero la resistencia final del Ministerio que dirige Ma

ría Jesús Montero

retrasa la aprobación del plan, según fuentes gubernamentales consultadas por EL MUNDO.

Moncloa pretendía un acuerdo ya este martes y ha exigido a las ministras económicas que, al menos, se apruebe esta semana sin esperar más tiempo, por lo que se prevé un consejo de ministros extraordinario para este viernes. El retraso coincide también c

on una presión final de Podemos

para aumentar el montante de las ayudas directas acentuando la división interna.

No obstante, las fuentes consultadas creen que el acuerdo está próximo. Calviño ha dado ya el paso más importante al aceptar ya ayudas directas en gran contraste

con lo que ella misma decía el pasado 25 de febrero

, pero a los ministros de Podemos les parece insuficiente en una nueva tensión en el Ejecutivo de coalición. Fuentes gubernamentales confirman a este diario que Calviño asume ya dedicar una parte del plan de 11.000 millones a la creación de un fondo que sufrague «gastos fijos» de las empresas golpeadas por la crisis. Contrasta con lo que ella misma declaró en sede parlamentaria hace dos semanas, cuando apuntó a concentrar el dinero en «aliviar la carga financiera de las empresas viables». Aunque no dio detalles, la ministra evitó entonces pronunciar las palabras «ayudas directas» y se limitó a hablar de los problemas de endeudamiento de las empresas como si fuera a impulsar sólo medidas de reestructuración y quitas de deuda, dejando el resto a las comunidades autónomas.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, Calviño acepta ya pagar gastos fijos incluso sin delegar en las comunidades autónomas para no complicar y demorar más el proceso en contraste con la actitud de Hacienda. Lo que sí mantiene la vicepresidenta es dedicar parte de los 11.000 millones a un segundo fondo para «acompañar reestructuraciones de deuda» con quitas en última instancia. Es decir, apoyar desde el Estado que las empresas no tengan que devolver en el plazo previsto ni la totalidad de la deuda contraída con aval del Instituto de Crédito Oficial en una propuesta también suavizada sobre posiciones iniciales tras el estallido en contra de la banca.

Según una información de Reuters, que no recibió confirmación oficial, el primer fondo estaría dotado con 5.000 millones y el segundo, otro tanto. Los mil millones restantes quedarían para el tercer fondo, que sería gestionado por la empresa pública Cofides para capitalizar pequeñas y medianas empresas. El proceso está siendo insólito desde que el pasado 25 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

improvisara el plan de 11.000 millones

sin dar detalles o apuntando a lo que iba a ser sólo una parte.

El propio Sánchez se limitó a hablar de «nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos» y mencionó especialmente la hostelería, el comercio y el turismo, pero evitando también los términos «ayudas directas» y centrando el plan, en aparente sintonía con lo que defendía Calviño, en «reforzar la solvencia de las empresas». Sánchez ha presionado desde entonces a la vicepresidenta hacia las ayudas directas que demanda todo el resto del arco parlamentario e institucional, desde Podemos hasta el Banco de España. La vicepresidenta se ha resistido con el argumento de que en otros países se han concedido ayudas directas a empresas y después han cerrado, por lo que prefería que ese riesgo lo contrajeran las comunidades autónomas. Sin embargo, Sánchez ha presionado para que el plan no se demore, pero Podemos intentó ayer cambiar lo que se estaba negociando y potenciar el fondo de ayudas directas.

En el área del PSOE provocó irritación el intento final del equipo de Pablo Iglesias de cambiar el diseño que se estaba trabajando. La Vicepresidencia de Derechos Sociales resucitó una propuesta previa y reclamó 8.000 millones de ayudas directas para las empresas. Es decir, por encima de las cifras que baraja la vicepresidenta económica en el plan final. Fuentes del Departamento de Iglesias confirmaron a este diario que así lo han propuesto por escrito. «Resulta prioritario desde nuestro punto de vista concentrar la mayor parte de los 11.000 millones de euros del mecanismo en la parte de ayudas directas a empresas. Estas ayudas, que deberían tomar la forma de transferencias corrientes a las empresas, deberían suponer al menos 8.000 millones de los 11.000 millones previstos en el mecanismo», señala el documento elaborado por el equipo del responsable económico de Podemos y secretario de Estado, Nacho Álvarez.

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