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Guerra entre abogados por las víctimas del Covid: del juez de Vox al letrado de Correa

La creación por parte de bufetes de todos los pelajes de plataformas de afectados por el Covid-19 ha desencadenado toda una batalla deontológica entre abogados y la entrada en escena de personalidades públicas. De una parte, hay letrados que denuncian que la captación de clientes en plena crisis sanitaria constituye una práctica "deleznable" que aprovecha la debilidad de las víctimas en el momento en que tienen la guardia más baja y los sentimientos están a flor de piel. De otra, los abogados que encabezan este tipo de iniciativas y se escudan en el amparo al ciudadano o profesional que haya sufrido daños y su derecho a reclamar responsabilidades. El listado de estos últimos crece cada día e incluye nombres de sobra conocidos. Desde un diputado de Vox en Andalucía, el exjuez Francisco Serrano, hasta el que fuera defensor del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

El Código Deontológico de la Abogacía especifica que la oferta de servicios profesionales a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que produzcan un elevado número de personas afectadas no puede realizarse, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho. "Tampoco podrá dirigirse a las víctimas de infortunios recientes que carezcan de la plena y serena libertad de elección", indica también.

La lucha contra la práctica la lidera desde hace semanas la Asociación Libre de Abogados (ALA) que, en los últimos días ha ido denunciando ante los Colegios profesionales estas distintas plataformas. Sus protestas provocaron que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) reaccionara y emitiera un comunicado de condena a este tipo de comportamientos que van en contra de la normativa deontológica que todo abogado debe cumplir. La denuncia más reciente se ha presentado contra Serrano que, desde su doble condición de parlamentario y socio de un despacho, creó y publicitó una plataforma la pasada semana. La página web de Serrano Abogados anunciaba la iniciativa hasta que, tras el escrito de ALA, la publicidad fue eliminada.

Su doble papel, como diputado y abogado, fue avalado por el Parlamento andaluz. La Cámara autonómica le permitió compatibilizar su escaño en representación de Vox con la titularidad del bufete. Él alegó entonces que renunciaba a "cualquier lucro" por esa actividad privada pero que sus socios debían seguir adelante con los casos en marcha. ALA defiende en su denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que Serrano no solo se limita a poner nombre al despacho sino que también encabeza acciones para captar clientes. El diputado lo niega y asegura que no es ya siquiera administrador del bufete y que incluso se dio de baja hace meses en el Colegio de Abogados de Sevilla. El despacho Serrano Abogados fue el primero en Andalucía en crear una plataforma de afectados por el Covid-19.

Los diputados de Adelante Andalucía votaron en su momento en contra de permitir la compatibilidad de un diputado con la titularidad de un despacho de abogados y alertaron de que había “un agujero enorme en la ley electoral” al permitir ambas actividades, según interpretaron los letrados del Parlamento autonómico. La decisión de la Cámara de permitir esa compatibilidad, renunciando a los emolumentos privados, se adoptó en contra de los partidos que alertaron de que eso permitía aprovechar la proyección pública del abogado para captar clientes y servir sus intereses privados. Desde Vox siempre se ha defendido que la luz verde concedida a su diputado implicaba que no continuara con su actividad sino para "terminar asuntos que estaban iniciados" y siempre "renunciado al cobro" y futuros honorarios.

Práctica "vil y carroñera"

En conversación con El Confidencial, la presidenta de ALA, Ángeles Chinarro, califica este tipo de prácticas como "viles y carroñeras" y destaca que cuando la víctima tiene "la sangre caliente" ofrecer servicios engañosamente gratuitos supone aprovecharse de su vulnerabilidad. "En plena crisis, el afectado no tiene capacidad para discernir ni valorar", avisa Chinarro. Este tipo de plataformas actúan 'a resultado'. Es decir, no cobran una minuta a sus miembros sino que ingresan un porcentaje de la indemnización en caso que lograr que un tribunal avale el daño. En la actual crisis "no han esperado ni al término del estado de alarma", apunta la presidenta de ALA.

Otro de los abogados que ha lanzado una plataforma, Juan Navarro, exdefensor de Correa defiende su licitud. Consultado por este diario asegura que su asociación no solo es legal sino "integral" y que está participada, además de por abogados, por médicos, enfermeros, psicólogos, policías locales y nacionales. "Todos colaboran en lo que pueden y saben, desde videos para motivación-ayuda hasta conseguir y entregar máscaras y guantes que nos han donado, viseras, o asesorar a nuestra gente desde su experiencia", dice. Sin embargo, precisa que la petición en los tribunales de indemnizaciones no es ajena al grupo. "Sería ilegal que alguien no reclame lo que en derecho le corresponde", indica.

A la lista de promotores de plataformas se suma Abogados Cristianos, conocido por denunciar comportamientos contra los sentimientos religiosos -su denuncia condujo al banquillo al actor Willy Toledo, que resultó absuelto tras cagarse en Dios y la virgen- o reconocidos despachos como Cremades que lanzó lanza una campaña bautizada 'La ley te protege' en la que ofrece asesoramiento jurídico "gratuito durante el tiempo que dure el estado de alarma". También el Grupo Hereda, bufete especializado en encontrar herederos de inmuebles deshabitados.

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