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Euskadi acuerda con el Gobierno de Sánchez la transferencia de Prisiones por un valor aproximado de 70 millones de euros

El Gobierno vasco comunicará este viernes en una comparecencia extraordinaria convocada en Vitoria a última hora de la tarde que ha alcanzado un acuerdo con el Estado para la asunción de la competencia de Prisiones, entre otras materias de menor calado político y económico como la asignación del número ISBN a los libros. En España, hasta ahora, solamente Catalunya gestiona sus propios centros penitenciarios. En el caso vasco, se trataba de una transferencia pendiente desde la aprobado del Estatuto de Gernika en 1979 y que siempre había estado condicionada a la existencia de ETA. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha dotado al anuncio de la mayor solemnidad con la presencia del vicelehendakari, Josu Erkoreka, y de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. El traspaso se tendrá que hacer efectivo en una Comisión Mixta de Transferencias y tendrá una cuantificación económica aproximada de 70 millones que se reducirán del Cupo que la comunidad autónoma abona al Gobierno central por los servicios que presta en virtud del Concierto Económico.

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Instituciones Penitenciarias dispone en Euskadi de tres centros, Zaballa a las afueras de Vitoria -el mayor y más moderno-, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, aunque aquí se proyecta ya un nuevo presidio en Zubieta. Asimismo, continúa en pie la antigua cárcel de Álava, en Nanclares de la Oca, donde hasta hace unas semanas residían aún funcionarios estatales. A 16 de diciembre, la población reclusa era de 954 personas -628 en Zaballa, 175 en Martutene y 151 en Basauri- a los que atienden 598 funcionarios dependientes del Ministerio del Interior, que podrán ver revalorizadas sus condiciones laborales. La legislación de Prisiones no es objeto de traspaso, solamente los edificios y el personal. Esta política -a pesar de las voces que desde la derecha vinculaba este acuerdo con una cesión al nacionalismo para beneficiar a los presos de ETA- seguirá en manos del Estado, aunque en su aplicación sí se podrán aplicar criterios propios siempre bajo la tutela de los jueces de vigilancia penitenciaria. En este sentido, el Gobierno de Iñigo Urkullu ya ha fichado al exjuez de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia como responsable de diseñar un nuevo modelo más pegado a la reinserción.

A pesar de que el Estatuto de Gernika lleva incompleto en parte de su articulado desde 1979, la sintonía entre Madrid y Vitoria tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa posibilitó la aprobación de un cronograma de transferencias. El lehendakari Urkullu, de hecho, ha orillado sus propuestas iniciales de un nuevo estatus e incluso una consulta -concurrió con esas promesas a sus primeras elecciones en 2012- y, en un contexto muy marcado por el 'procés' catalán, ha aparcado un preacuerdo para superar le Estatuto que lograron en 2018 PNV y EH Bildu y ha apostado todas sus cartas al pleno desarrollo del actual marco de autogobierno. Sin embargo, han tenido que pasar tres ministros por la cartera de Política Territorial -Meritxell Batet, Carolina Darias y ahora Miquel Iceta- y casi tres años -el PNV propició la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018- para que llegue la primera de las dos grandes materias pendientes, Prisiones. La segunda es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, nunca antes cedida a ninguna autonomía, y aquí el único compromiso del Estado es un "estudio" de sus posibilidades. En el camino se ha colado también una nueva materia, el Ingreso Mínimo Vital, que está resultando de elevada complejidad técnica aunque desde su puesta en marcha lo gestiona ya Euskadi mediante una encomienda de gestión provisional.

Con Sánchez en el Gobierno, Batet fijó el primer cronograma de transferencias pero solamente se dieron unos pocos pasos en aquel período 2018-2019. Euskadi recibió unos tramos de ferrocarril y de carreteras, en concreto las autopistas AP-1 en el límite con Castilla y León y el recorrido de la AP-8 por Bizkaia y Álava. Ello supuso que toda la red de carreteras haya quedado en manos de instituciones vascas. Pero la doble convocatoria electoral de 2019 en España frustró otros planes. En 2020, a principios de año, Darias visitó Vitoria y reajustó el calendario de traspasos con Erkoreka, pero la pandemia retrasó nuevamente la operación. Eso sí, una semana después de finalizado el primer estado de alarma motivado por la COVID-19, el 25 de junio, que era campaña electoral en Euskadi, la comunidad autónoma recibió la transferencia de gestión de las ayudas a afectados por ERE, la de legislación de productos farmacéuticos y la del seguro escolar, de escasa dotación económica. Ahora, con Miquel Iceta en el Gobierno, se había barajado marzo como fecha para la transferencia, pero ha llegado en abril. Desde Vitoria insistían en lo que importante era cerrar un buen acuerdo y no la fecha una vez que, tras una reunión en Madrid entre el ministro y la consejera Garamendi ya estaba encarrilado el pacto.

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