Spain

Estallido de desconfianza

Por primera vez las criticas a la gestión sanitaria del Govern son generales y trascienden el ámbito de los partidos de la oposición, abriéndose un boquete de descontento en todos los medios y opinadores, incluso entre aquellos que son proclives a las tesis soberanistas. Tras tanto llenarse la boca exigiendo recuperar sus competencias, que en realidad nunca les fueron arrebatadas por el estado de alarma, Quim Torra y Alba Vergès han dejado en evidencia su monumental improvisación e incompetencia. Todos los expertos sanitarios coinciden en señalar que lo sucedido en el Segrià era perfectamente previsible. Mientras el Gobierno de Aragón logró atajar los brotes de coronavirus que se detectaron hacia el 20 de junio en las comarcas de Huesca limítrofes con Lleida, devolviéndolas a la fase 2 de la desescalada (medida que preventivamente también se aplica ahora en Zaragoza ciudad y en otras poblaciones ante el crecimiento de los contagios), la Generalitat ha actuado de forma indolente hasta que la transmisión del virus se ha vuelto comunitaria y ahora mismo está descontrolada.

Sobre las condiciones infames de los temporeros se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas, pero no tanto del hecho que el Govern de Artur Mas con su engreído 'Govern dels millors' desmanteló las oficinas móviles, las ayudas y los convenios con las entidades agrícolas que a partir de 2005-2006 había desplegado el entonces consejero socialista Josep Maria Rañé, evitando el trabajo irregular y los alojamientos indignos de los temporeros. Esta es una prueba de que nuestro autogobierno es potente si se gobierna bien. Pero no solo Mas, tampoco Carles Puigdemont ni Torra han tenido el más mínimo interés en gestionar bien sus competencias, que no son pocas, ni sus enormes recursos, nada menos que 46.000 millones en el último presupuesto, ya que el comodín secesionista es siempre el mismo: centrifugar las culpas de todo hacia Madrid. Eso sí, los medios de la Generalitat se han puesto enteramente desde 2012 al servicio del procés.

Sin embargo, la gestión de la pandemia ha provocado un estallido de desconfianza como nunca antes, hacia el Govern de JxCat y ERC, y no solo entre sus críticos habituales sino entre la mayoría de ciudadanos que perciben con preocupación que Cataluña está en manos de un Govern peligrosamente inútil. En Lleida el enfado es mayúsculo entre sindicatos y empresarios, del que tampoco se salva el alcalde republicano Miquel Pueyo. Es imperdonable la falta de rastreadores de calle para una tarea, que hace meses ya se sabía del todo imprescindible, para controlar los brotes. Hay solo 180 epidemiólogos sobre el terreno cuando necesitaríamos 2.000, según la jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins. No solo es improvisación, también caos y descontrol. Resulta incomprensible que la Agencia de Salud Pública del Govern, organismo que en teoría debería coordinar los rastreos y el monitoreo de los casos positivos de coronavirus, siga sin responsable tras el cese hace más de un mes de Joan Guix, que seguramente tiró la toalla ante el desastre que se avecinaba. Su rostro al lado de la consejera Vergés en algunas ruedas de prensa era ya todo un poema.  

No solo es que lleguen tarde a la toma de decisiones, sino que lo hacen rematadamente mal. El varapalo argumental que les dado la jueza de instrucción cuando han intentado imponer el confinamiento domiciliario en Lleida es de aúpa, tal como han puesto de manifiesto numerosos juristas que han estudiado a fondo la resolución judicial. A lo largo de estos meses ha quedado claro que sin la declaración del estado de alarma y a falta de una Ley Orgánica que específicamente así lo prevea, no es posible restringir los derechos constitucionales de la ciudadanía encerrándola en sus casas. Esta es un competencia del Gobierno español sometida al control del Congreso. Pero la jueza no solo le recuerda eso a la Generalitat sino que le dice que no aporta en su informe datos concretos y definidos que avalen la adopción de medidas limitativas tan graves de los derechos ciudadanos. O sea, doble incompetencia: jurídica y técnica. En realidad, si Torra hubiera querido hacer bien las cosas debería haber solicitado al Gobierno español la declaración del estado de alarma restringido a unas zonas muy concretas de Cataluña y que delegase en él la autoridad. Si no lo ha hecho es porque igual creyó que podría arrancar en fin de semana esa competencia de una jueza sustituta, que no es de carrera sino que está en el cargo temporalmente, en lugar de tener que pedir permiso a Madrid. Y si no cuela, pues a liarla, cargando de nuevo contra la justicia española para esconder su ineptitud y mala fe.

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