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Esparza considera que Chivite puede incurrir en prevaricación si no cesa al consejero Ayerdi

Javier Esparza ha iniciado hoy la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra en la que comparecía la presidenta del Gobierno foral, María Chivite para explicar la postura del Ejecutivo ante la apertura de diligencias por el Caso Davalor al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi Olaizola por el Tibunal Supremo. Esparza ha considerado que si la presidenta no cesa a Ayerdi puede incurrir también en prevaricación y por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado que si las acusaciones contra el consejero se archivan finalmente, Navarra Suma también tendrán responsabilidades políticas.

Así las cosas, la presidenta ha dicho que hasta que Manu Ayerdi no reciba la notificación de ser investigado, no dimitirá ni ella lo cesará cómo han dicho ya estos días.

El Tribunal Supremo ha abierto diligencias a Manu Ayerdi por las ayudas concedidas a la empresa Davalor SAlud, S.L por 2,6 millones de euros entre 2015 y 2017 en contra de los informes técnicos. UPN puso primero una denuncia ante el Juzgado de lo Mercantil y posteriormente el Tribunal Supremo abrió causa penal y ahora las diligencias que mediante autor indicaba que habían de comunicarse al consejero de Desarrollo Económico.

Javier Espara ha asegurado que defienden la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, pero ha apuntado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, no había dado explicaciones todavía en el Parlamento de Navarra sobre la situación del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi Olaizola, acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

María Chivite ha indicado que la legislación navarra establece que cuando un cargo público aparezca como investigado por un tribunal, según el código penal, entenderá que su permanencia en el cargo será incompatible. "Cuando el señor Ayerdi reciba la notificación en referencia al caso Davalor, dimitirá, y por lo que nos dicen, tardará días". Chivite ha considerado que hay distintas interpretaciones del auto del Tribunal Supremo y ha añadido que la condición de investigado no se da, según la legislación navarra hasta que le sea notificado " y en ese momento dimitirá como ya anunció por una misiva a mediados de diciembre".

En cuanto al ámbito penal ha dicho que habían conocido la apertura de causa penal, sin que supusiera la aceptación de la querella, hasta que el instructor lo decida y el auto del Tribunal Supremo indica que se la ha de comunicar al querellado. "Sobre el caso Davalor exijo explicaciones sobre lo que mis consejeros hacen en esta legislatura, y le corresponde a los jueces decidir si ha habido o no ha habido delito".

Javier Esparza ha insistido en que el comportamiento de María Chivite es de falta de liderazgo y de renuncia a lo que decía cuando estaba en la oposición. "Qué le debe, quién le obliga a incumplir la ley y no cesar al señor Ayerdi. Somos conscientes de lo que deben a EH Bildu y a Geroa Bai, el partido del señor Ayerdi, pero los intereses de los navarros está por encima de los intereses partidistas". Esparza ha considerado que María Chivite está sobre pasando las responsabilidades no sólo políticas, si no también legales. "Es el primer consejero del Gobierno de Navarra al que investiga el Tribunal Supremo". Esparza ha mencionado críticas y acusaciones recibidas anteriormente por cargos de UPN de los grupos políticos que defienden el mantenimiento de Ayerdi en el cargo y los ha acusado de falsedad y de cobardía, recordando la ley que estos mismos grupos aprobaron la legislatura pasada.

Ha recordado así que Ramón Alzórriz del PSN denunciaba que los grupos de gobierno en la legislatura pasada Geroa Bai, Bildu y Podemos de hacer como el avestruz y esconder la cabeza. "El auto del Tribunal Supremo, confirma la situación de investigado del señor Ayerdi. "El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, presentó un documento del director general (en lugar de un jurista), en el que el propio escrito reconocía que el cese de Ayerdi corresponde a la presidenta del Gobierno y debería cesarlo inmediatamente porque usted sabe que el consejero es investigado y tiene conocimiento del auto de las aperturas de diligencias, según el articulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también, según la ley foral y carece de respaldo para saltarse la legislación".

Esparza añadió que "el caso Davalor puede convertirse en el caso Chivite porque la decisión de Manu Ayerdi de por una corazonada desestimase los informes contrarios a ayudar a Davalor, cesara al equipo que le asesoraba en contra y al contrario, volviese a aprobar una ayuda de más de un millón de euros, con todos los informes técnicos en contra. En 2017, los informes técnicos decían que incumplían con la seguridad social, entre otras cuestiones, y el señor Ayerdi le volvió a conceder ayudas, según el portavoz de Navarra Suma.

Entre intereses y responsabilidades

Uxue Barkos de Geroa Bai ha recordado que el propio Ayerdi afirmó que cuando le sea comunicado que es investigado dimitirá "y lo hizo público y llevará a cabo su dimisión, sin que la presidenta se vea obligada a cesarlo" ha asegurado. "Ustedes no ponen por delante la inocencia del señor Ayerdi, cuando es necesaria la comunicación fehaciente al acusado", ha añadido Barkos que ha rechazado las acusaciones de Javier Esparza y le ha cuestionado si han incluido en su querella el informe de la Cámara de Comptos, necesario, además de acusarle de usar los tribunales "para ganar lo que no pudo ganar políticamente".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha insistido en que en el plano político está la querella de UPN y que el proceso legal, previsiblemente terminará en la citación del señor Ayerdi "y ya dijo que dimitirá y hasta ese momento procesal oportuno, vamos a ver qué hay que hacer. Ustedes tienen interés desde junio en que el señor Ayerdi dimita". En el plano jurídico, ha apuntado, en la legislación que se aprobó al respecto, ningún grupo presentó una enmienda cuando se modificó la Ley de Transparencia. "Pero no fue un invento del cuatripartito, sino que en Murcia ya se había introducido anteriormente, aunque con la denominación de imputado en lugar de investigado. En Murcia, cuando se presentó una investigación contra un cargo del PP, el Partido Popular consideró que hasta que no tuviese que declarar el cargo en cuestión no tenía por qué dimitir, lo que pone en evidencia que hay un interés detrás, al margen de lo que podamos pensar sobre el caso Davalor. Si se archiva ustedes también tendrán responsabilidad política", ha concluido Araiz.

Mikel Buil de Podemos ha considerado que hay un interés político y el Gobierno hace bien en defender los intereses del Ejecutivo foral y de respetar la voluntad del consejero y deseamos que UPN pierda los 10.000 euros de fianza que les ha pedido el Tribunal Supremo.

En turno de répicla, María Chivite ha asegurado que ella cumple la legislación e insiste en acusar veladamente de corrupción al señor Ayerdi y ha asegurado que seguirá cumpliendo la ley y que no ha habido un comunicado de que el señor Ayerdi esté investigado.

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