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España y otros países presionan para acelerar el 'pasaporte de vacunación'

Otra temporada vacacional, la más importante del año, estará en riesgo si la UE no consigue desentrañar a tiempo el debate sobre el conocido como 'pasaporte de vacunación' o «pase verde digital', como ha sido rebautizado por Bruselas. Ese es el mensaje en el que han incidido este lunes los países que secundan con mayor ímpetu un proyecto con cada vez más adeptos. Con consenso, pero sin unanimidad. Los ministros de Turismo de los Veintisiete, reunidos este lunes por videoconferencia, han urgido a la Comisión Europea a agilizar ese certificado digital que permitiría reactivar los viajes no esenciales y que según el acuerdo alcanzado la pasada semana por los jefes de Estado y Gobierno, tendría en cuenta al menos tres parámetros generales: si la persona ha sido vacunada (con identificación del tipo de suero y número de dosis recibidas, entre otros datos), los test PCR negativos (si no han tenido aún acceso a la vacuna por grupo de edad, por ejemplo); y la inmunización, sujeta al supuesto de disponer de anticuerpos por haber superado el coronavirus.

El objetivo es completar el procedimiento técnico y político en los próximos tres meses para que el certificado pudiera ponerse en marcha de cara al verano, coincidiendo con una temporada turística clave para el tejido económico de países como España, Grecia o Italia. Pero también con un peso importante en el Producto Interior Bruto (PIB) de la toda la UE (supone el 9,5%). La presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, ha garantizado a las capitales que la propuesta legislativa se presentará este mes y no será una simple recomendación, lo que permitirá agilizar el procedimiento.

Durante la reunión de ministros, la española, Reyes Maroto, ha subrayado «la necesidad de avanzar en la adopción de protocolos comunes en todos los Estados Miembros para evitar las prohibiciones de circulación de viajeros en el interior del mercado interior y también con terceros países». Esto último, en clara alusión a un Reino Unido, ya fuera de la UE, del que llegaron más de 18 millones de visitantes en 2019, frente a los poco más de 3 durante el primer año de la pandemia.

«Los certificados son una herramienta útil y eficaz para retomar la movilidad de una forma segura», remarcaba Maroto quien ha apostado además por «redoblar los esfuerzos para garantizar una mejor coordinación y comunicación de las medidas relacionadas con los viajes a nivel de la UE con el fin de evitar medidas discriminatorias entre ciudadanos y recuperar la confianza entre los viajeros». Ese riesgo, el de la discriminación, en un escenario en el que el ritmo de vacunación aún esta siendo muy lento -se espera pueda agilizarse a partir de abril-, es el principal 'pero' que retráe a socios comunitarios como Francia o Países Bajos. Alemania, en este sentido, habría suavizado su postura bajo el compromiso de que conseguirá un marco legal bien armado que no ponga en riesgo los derechos de los ciudadanos europeos.

«Es importante tener las herramientas preparadas para iniciar la movilidad y volver a poner a Europa como destino de viajes seguro en el momento que los datos de incidencia del virus lo permitan». Los retrasos en la distribución de las vacunas y la necesidad de contener el impacto de las nuevas mutaciones del virus (con una transmisibilidad mucho mayor) han obligado a la UE a mantener las restricciones a los desplazamientos no esenciales pese a que la incidencia de contagios está descendiendo en el conjunto de la UE. La clave vuelve a ser «la proporcionalidad» y la «coordinación» en las medidas de contención. Países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría o Suecia mantienen medidas mucho más restrictivas, con cierres fronterizos que ya han sido cuestionados por la Comisión Europea.

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