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En defensa de los doctores Simón

En general, en los ámbitos dedicados al liderazgo de lo público es aceptado que el buen funcio­namiento de las corporaciones de un Estado siempre ha dependido mucho de la dedicación, capacidad y ­determinación de sus mandos intermedios. Así, se observaba que la eficiencia de los ejércitos de los siglos XIX y XX era proporcional a la profesionalidad de los capitanes y coroneles de su Estado Mayor o que el eficaz funcio­namiento del Estado francés después de la Segunda Guerra Mundial dependía de los enarcas y otros funcionarios altamente cualificados. Los grandes equipos de fútbol ne­cesitan mediocampistas que recuperen la pe­lota, organicen el juego y hagan de nexo con la delantera.

En los ministerios, consejerías y ayuntamientos de toda España pasa igual. En los ­perímetros en los que los servicios públicos funcionan, una parte importante de su ­eficiencia depende de la profesionalidad de sus altos funcionarios, que son los que conocen los procedimientos, las normas, los equipos y las limitaciones de las instituciones; son determinantes para conseguir que los asuntos pasen por la línea de meta y son los que limitan las peripecias de los políticos más es­tólidos. Sin buenos directores, subdirectores, gerentes y niveles 28 efectivos no hay buen servicio público, sin buenos mediocampistas que construyan buenas jugadas no hay buen fútbol. Recordemos, además, que el acceso a estos puestos exige aprobar unas durísimas y ecuánimes oposiciones ampliamente concurridas y, a menudo, tener credenciales que acreditan un conocimiento experto. Esto asegura que los altos funcionarios tengan una preparación y capacidad objetivamente alta y que sirven al Estado, independientemente de si gobiernan rojos o azules.

Hay que rechazar el acecho trumpista con tintes peronistas a los servidores públicos

Mi experiencia como gestor público tanto en el Ministerio de Industria como en el Ayuntamiento de Barcelona corrobora esta tesis; era sabido que para que un ministerio funcione hace falta una malla de altos funcionarios y subdirectores altamente competentes o que uno de los secretos del éxito de los Juegos Olímpicos del 92 fue la eficacia de los gerentes municipales.

Lógicamente, para tener una buena gestión pública también es necesario que haya medios materiales, un contexto jurídico adecuado, personal dedicado y un liderazgo político serio: ganar una Liga no es cosa solo de centrocampistas y delanteros, también hace falta tener un proyecto, un buen presupuesto y el apoyo de muchísimas personas.

En los países más civilizados y avanzados, la importancia de los altos funcionarios es comúnmente reconocida y existen normas políticas establecidas para mantenerlos lejos de la bulla política. Esto se hace así para resguardar a las instituciones, proteger a los directivos públicos y segregar el debate político del técnico. Así, en el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda o Alemania se trata a los servidores públicos con alto respeto. En Estados Unidos la norma existía, pero es sistemáticamente incumplida a conveniencia por el presidente Trump y sus acólitos más devotos.

Por eso hay que rechazar el acecho trumpista con tintes peronistas al que Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta Díaz Ayuso, El Mundo y el A bc han querido someter al doctor Fernando Simón y a los servidores ­públicos que hacen las propuestas técnicas de desescalada.

Las personas que respetan y atesoran al Estado no atacan a sus altos funcionarios acusándoles ante el altar de la opinión pública de su “presunción de culpabilidad”, llamándoles “presunto experto”, acusándoles de estar “impidiendo adquirir” material sanitario o insinuando que instigan prácticas dictatoriales chinas. Tampoco buscan que se identifique públicamente a los funcionarios que elaboran informes en estos tiempos en los que vemos a federalistas de nuevo cuño manifestándose enfadados en la calle Núñez de Balboa, a tuiteros vehementes exigiendo justicia expeditiva y la propagación de la despreciable práctica del escrache.

No es cuestión de secretismo, sino que de la misma forma que es reprensible publicar nombres de policías, profesores, miembros de un jurado o inspectores de Hacienda tampoco sería responsable revelar a todos el nombre de los altos funcionaros que trabajan duro para cuidar de la salud pública. Si se quiere saber sobre qué base toma decisiones el Gobierno, que se interrogue a quienes toman esas decisiones, pero facilitemos que el doctor Simón y otros servidores públicos puedan trabajar en condiciones apropiadas, alejados de la escrachetización política y sin temor a ser el objeto de la ira de los exaltados.

Seamos conscientes, además, de que estos especialistas están trabajando intensamente, de forma poco agradecida, en medio de una grandísima crisis y bajo una gran tensión, y que estas prácticas de desgaste pueden conseguir que muchos lleguen a la triste conclusión de que tanto esfuerzo no merece la pena.

Condenemos, pues, a los que intentan incinerar a los servidores públicos a cambio de ser conocidos como el azote del Gobierno, rechacemos a los que hacen de su silencio consentimiento y clamemos por respetar a nuestros servidores públicos. Hagamos todo esto. Si no es por ética, que al menos sea por egoísmo; si no, nunca optaremos a jugar en la Champions.

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