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En defensa de la propiedad privada

El problema de la ocupación ilegal de viviendas debe encontrar una respuesta definitiva en la legislación y a cargo de los tribunales. Se trata de una ilegalidad en expansión, alimentada durante mucho tiempo por los prejuicios de la izquierda contra la propiedad privada y sobre una visión paupérrima de una España en la que la «gente» duerme en las calles por no tener vivienda. No cabe duda de que habrá casos en los que haya necesidades familiares reales, pero en tales supuestos, la reacción que hay que esperar de un Estado social y de Derecho como el español no es la impunidad ante un acto contrario a la ley, sino una política asistencial. Sin embargo, en la mayoría de los casos de ocupación ilegal de viviendas no hay más que una usurpación gratuita de la propiedad privada a cargo de individuos organizados en mafias, que convierten su voluntad en ley y, además, pretenden hacerla respetable. Mafias que, a su vez, estafan y abusan de aquellos que pagan altísimas cantidades de dinero por un par de metros cuadrados. La propiedad privada debe ser protegida porque es elemento esencial de la convivencia y el bienestar social.

Para lograr este objetivo la sociedad no debe apoyarse en vías alternativas a la ley y los jueces, pero una y otros deben poder responder con eficacia, porque cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, el ciudadano buscará quien lo haga en su lugar. La solución debe ser un reforma legal que facilite una respuesta expeditiva e inmediata. Expeditiva, para que el dueño recupere la propiedad con una actuación policial y disuada a otros asaltantes. Inmediata, para que la usurpación no se aproveche de la lentitud de los procesos judiciales. Una orden judicial a la Policía, a continuación de la denuncia del propietario, para que proceda al desalojo, en el acto, de los ocupantes ilegales: esta podría ser la base de la reforma legal, acompañada de sanciones al propietario que denunciara en falso para expulsar por las bravas a sus legítimos inquilinos.

Mientras todas las ofertas de reforma permanezcan en el ámbito de la rutina procesal, con citaciones y plazos de oposición y recursos, la ley española -ya reformada con dudosa eficacia en 2018- seguirá siendo un bálsamo para la ocupación ilegal de viviendas y un freno a la protección jurídica del patrimonio de los ciudadanos. No es admisible seguir jugando a demagogo, como ha venido haciendo buena parte de la izquierda con esta ilegalidad, que se ha expandido durante el confinamiento en viviendas de personas que no podían desplazarse. Y da lo mismo que sea primera o segunda vivienda, porque la protección de la propiedad privada es una cuestión de principio para el Estado de Derecho y para el patrimonio de los ciudadanos.

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