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El TSJ anula por tercera vez las bases del Ecyl para subvencionar los cursos para parados en Castilla y León

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid ha vuelto a anular los criterios del Ecyl para conceder las subvenciones destinadas a los centros de formación de parados. La nueva sentencia, emitida el pasado 8 de abril, estima parcialmente el recurso de la asociación Agrupación de Entidades de Formación (AEFORM), que aglutina a más de medio centenar de centros y academias que imparten estos cursos para desempleados y vuelve a anular algunos de los criterios de adjudicación de subvenciones de los concursos de las políticas activas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

La sentencia considera que la Orden EEI/1057/20119 de 4 de noviembre de la Consejería de Empleo e Industria impugnada deja fuera, sin «justificación objetiva, razonable, adecuada y proporcionada» y «con absoluta ausencia de motivación», como potenciales beneficiarios, a las pequeñas entidades con ánimo de lucro y favorece a los sindicatos y la patronal. Y este reparto se realizó a pesar de que la convocatoria ya estaba impugnada en los tribunales y a pesar, subraya el tribunal, de que el informe reservado realizado un mes después, en diciembre, por la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Transparencia respecto de la manera de conceder estas subvenciones concluyó que «se debería revisar la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases de los procedimientos de formación cuando aquellos participen como solicitantes», por entender que «vulnera el principio de objetividad al existir un interés directo y un conflicto de intereses con el resto de solicitantes».

«Las subvenciones estaban adjudicadas de antemano porque los criterios solo eran alcanzables por los mismos licitadores», apostilla la asociación demandante

En concreto, detalla la sentencia, en las convocatorias de las subvenciones realizadas entre 2015 y 2020, la Fundación Formación y Empleo (Forem), que forma parte de la Federación de Asociaciones Castellano Leonesas de Empresas de Formación (Cecap) integrada en la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y UGT, son las principales beneficiarias de las subvenciones, por importes de más de 10 millones de euros en cada uno de los tres ejercicios. «La limitada concentración de beneficiarios pone en entredicho la existencia de un procedimiento real y efectivo de concurrencia competitiva y cristaliza el riesgo de vulnerar el principio de objetividad advertido en el informe», subraya el tribunal.

Para la asociación demandante, que ayer expresó su satisfacción por el nuevo fallo, el Ecyl «es reincidente al no haber acatado la sentencia anterior del TSJ que anulaba estos criterios de adjudicación de subvenciones y, a sabiendas de ello, ha continuado utilizando elos mismos criterios».

«Trampantojo»

El fallo del tribunal, subrayan desde AEFORM, «insiste en que se vulneran por parte de la Consejería de Empleo e Industria los principios de igualdad de trato, libre competencia, igualdad de oportunidades y que sigue imponiendo prácticas anticompetitivas y discriminatorias en los concursos de las políticas de activas de empleo». Esta asociación sostiene que «el Ecyl ha utilizado como un trampantojo un concurso de concurrencia competitiva para asignar unas subvenciones millonarias que ya estaban adjudicadas de antemano, ya que los criterios de adjudicación solo eran alcanzables, convocatoria tras convocatoria, por los mismos licitadores».

. Fuentes de la Junta indicaron ayer, a propoósito de la nueva sentencia que el Ecyl ya ha «corregido» las bases de los concursos posteriores de las ayudas para formación de desempleados y que, de hecho, esas bases «ya están derogadas». Para la Consejería de Empleo e Industria, han señalado estas fuentes, «la Justicia es una garantía y están en vigor nuevas bases para los posteriores concursos«.

Además de las tres sentencias ya falladas por el TSJ y el juzgado de lo contencioso administrativo, existen otras cinco impugnaciones a los concursos posteriores de las políticas activas de empleo que están admitidas a trámite y pendientes de resolución

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