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El Tribunal de Cuentas detecta que Podemos pagó un sobresueldo encubierto a un asesor en 2016

El Tribunal de Cuentas (TCu) detectó un sobresueldo enmascarado otorgado por Podemos a uno de sus asesores en el Senado en el año 2016. El partido camufló, a juicio del órgano fiscalizador, un complemento salarial haciéndolo pasar por dietas. La cantidad mensual abonada al asistente parlamentario en cuestión era fija cada mes hasta conformar un montante de casi 6.000 euros en aquel ejercicio.

El partido liderado por Pablo Iglesias pagó de esta manera 5.983 euros a dicho asesor en la Cámara Alta como si se tratara de gastos de dietas en lugar de hacerlo constar como un complemento salarial. De esta forma, Podemos evitaba justificar parte de ese dinero impositivamente y añadía un extra a la nómina del asistente, una figura elegida a dedo que suele ser ocupada por miembros del partido que no salieron elegidos en los comicios.

«La formación ha abonado dietas, por importe de 5.983,33 euros, a favor de un asistente parlamentario en el Senado, habiéndose observado que obedecen a una cantidad mensual fija, por lo que dicha retribución tendría la consideración de complemento salarial y debería haber sido objeto de retención en concepto de IRPF y de cotización a la Seguridad Social». Este es el párrafo del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos al cierre del ejercicio 2016, la última fiscalización publicada, en el que se pone de manifiesto la irregularidad.

Como alerta el Tribunal de Cuentas, no es lo mismo atribuir un determinado gasto, por pequeño que sea, al apartado de dietas que indicarlo como un complemento salarial. Más allá de que estos apuntes reciben un diferente trato fiscal, como subraya el órgano, un complemento salarial responde a una cantidad fija de dinero que la empresa -en este caso el partido- abona todos los meses al trabajador al margen de su nómina; mientras que las dietas suelen ser unos gastos variables y que es raro que sean idénticos durante todos los meses, ya que bajo este concepto se incluyen facturas de desplazamiento, manutención u otros gastos a los que haya tenido que hacer frente el trabajador para cumplir con su desempeño laboral en cada periodo.

Esta incidencia contable va en sintonía con los mecanismos de sobresueldos en Podemos que ha denunciado en sede judicial el abogado despedido por la formación, José Manuel Calvente y que, como ha venido publicando ABC, tenían una doble vertiente. Por un lado estaba la aplicación de complementos salariales y, por el otro, el abuso al abonar gastos corrientes. No obstante, esta alteración de la contabilidad detectada por el Tribunal de Cuentas se produjo tres años antes de la campaña electoral de 2019, aquella donde Calvente pone el foco de las anomalías financieras de Podemos.

«Que busquen»

El pasado jueves, a raíz de la imputación, el secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que defendió la limpieza de las cuentas de Podemos y retó a «todos los jueces de España» a que investigaran los balances para ver si encontraban algún sobresueldo. «Que busquen lo que quieran», animó Rodríguez, que también negó que los cargos o representantes de Podemos recibieran sobresueldos cuando donaban -los que lo hacían- parte de su asignación como parlamentarios. No obstante, el Tribunal de Cuentas ya había encontrado antes al menos un sobresueldo encubierto en forma de dietas a un asesor parlamentario de la formación.

Los problemas de Podemos con los informes elaborados por esta institución son cada vez mayores tras saltar a primera plana en las últimas semanas, coincidiendo con la publicación de varios de ellos y la imputación de Podemos por presuntas irregularidades en su contabilidad.

En su informe sobre los balances de las formaciones políticas tras las elecciones del 28 de abril de 2019, el Tribunal de Cuentas señaló a Podemos al encontrar irregularidades por valor de 425.000 euros. Se trataba de gastos que el partido intentó imputar como electorales pero que a juicio del organismo no lo eran, por lo que no iban a ser financiados con dinero público.

De esos 425.000 euros, 290.727 se corresponden con contratos de asesoramiento y consultoría política que el partido intentó incluir dentro de los costes de campaña subvencionables, pero que el órgano fiscalizador desbarató basándose en los postulados de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Los otros 133.100 euros hacen referencia a facturas por servicios de cobertura gráfica y audiovisual y material publicitario también contratados por Podemos durante la campaña y que el partido intentó, igualmente, repercutir como gasto electoral subvencionable sin éxito.

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