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El semáforo-radar de Puente San Miguel volverá a funcionar a partir de mañana

El polémico semáforo-radar (foto-rojo) de la carretera comarcal CA-113, entre Vispieres (Santillana del Mar) y Puente San Miguel (Reocín), vuelve a entrar en funcionamiento desde mañana. El dispositivo de control de la velocidad en una zona considerada como «un punto negro de la circulación» había estado sin servicio año y medio, desde que el pasado 7 de julio de 2018 el sistema fue desconectado tras concluir el contrato con la empresa que realizaba la gestión de las multas a los vehículos que superaban el límite de velocidad.

La inoperatividad de este radar se ha debido «a la demora en los trámites para volver a sacarlo a licitación», según explicó el alcalde de Reocín, Pablo Diestro. Un problema que ya ha sido resuelto, tras adjudicarse de nuevo el servicio a la empresa Eges. La nueva adjudicataria compitió con otras dos empresas más, incluida entre ellas la que prestó el servicio con anterioridad, Vialine.

Desde la puesta en marcha del radar, al alcalde de Reocín le han llovido las críticas, especialmente por parte de los vecinos que se encuentran con el semáforo a la llegada a su casa y que han denunciado que cambia a rojo sin dejar tiempo a reaccionar «porque está instalado de forma fraudulenta». No obstante, Diestro insiste en la legalidad y las bondades de su puesta en marcha de nuevo, dada la efectividad de la medida y porque se instaló para prevenir accidentes en un conocido «punto negro» de la circulación.

De esta forma, el equipo de gobierno cumple con lo comprometido hace un año de volver a reanudar el servicio. Entonces, se anunció que se estaba redactando el pliego de condiciones para volver a sacarlo a licitación y ponerlo en marcha.

Entre octubre de 2017 y mayo de 2018, fecha en la que se hicieron públicos los primeros datos, el dispositivo había recaudado 70.000 euros, divididos en multas de 200, pero que se quedan a la mitad por pronto pago y llevan aparejada la retirada de cuatro puntos del carné. El Ayuntamiento percibe una parte de los ingresos recaudados.

Tarjeta azul

Al margen del semáforo limitador, el Consitorio acaba de aprobar una nueva ordenanza reguladora de las tarjetas de estacionamiento para personas con problemas de movilidad. La medida pretende acabar con el vacío legal para actuar ante los usos indebidos de la conocida como 'tarjeta azul'. Además de definir quiénes tienen derecho a la misma o su tramitación, la ordenanza incluye un capítulo de sanciones. En la actualidad, Reocín tiene expedidas un centenar de esas tarjetas.

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