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El sector pesquero responde a Teresa Ribera: «Somos víctimas del cambio cimático, no los culpables»

El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de emergencia climática. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció en la rueda de prensa posterior las 30 líneas de acción sobre las que se compromete a avanzar durante la legislatura.

Una de ellas es alcanzar el objetivo del 30% de superficie marina protegida en 2030 mediante la planificación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad marina.

El sector pesquero se posiciona en contra de la medida que propone aumentar a un 30% la superficie marina protegida en 2030. Javier Garat, secretario general de la Conferderación Española de Pesca afirma en declaraciones a ABC que «los pescadores somos víctimas del cambio climático, no los culpables». Garat asegura que esta cifra es «arbitraria» e «inventada por los ecologistas, cuyo mensaje ha adoptado el Gobierno» y argumenta que «la mejor herramienta de protección de la biodiviersidad son las buenas medidas de gestión pesquera».

Otro de los sectores más afectados por las medidas propuestas por el Gobierno de Sánchez es el del automóvil. Noemí Navas, portavoz de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, destaca que es importante que sea una transición justa, progresiva y ordenada» y que la legislación debe estar acompañada de «medidas que estimulen la compra de vehículos eléctricos».

Por contra, colectivos ecologistas aplauden que la emergencia climática sea algo prioritario para el Gobierno de coalición, pero pide más ambición para frenar el aumento de temperatura. Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, recuerda que «los objetivos de reducción de emisiones son los mismos que habían propuesto en la anterior legislatura y no son suficientes».

Señala que «solo tenemos 10 años para producir cambios drásticos» mientras que la vicepresidenta habla de un «largo periodo» de 30 años. «Poner objetivos a 2050 a nivel político no es difícil. En 2030, solo un poco y en los próximos 4 años es mucho más complicado y es lo que queremos ver», afirma Rodríguez. Otro aspecto negativo que señalan desde Greenpeace es la falta de concreción. Una de ellas es la relativa a la explotación de hidrocarburos. Rodríguez critica que «no dicen nada de las solicitudes ya aprobadas ni de cómo se va a descarbonizar el sector agrario ahora que está sobre la mesa la España vaciada».

Para Ecologistas en Acción fue «una declaración por ahora más simbólica que real». Advierten de que las consecuencias del cambio climático «ya se están sufriendo» y que «la constatación de una meteorología cada vez más extrema está suponiendo numerosos problemas y pérdidas para una gran cantidad de municipios».

Javier Andaluz, responsable de cambio climático en la organización, recuerda que «Naciones Unidas publicó un informe en el que denunciaba que los compromisos de los países son poco ambiciosos y que en 2030 deben reducir las emisiones un 50% respecto a 1990. Si lo comparamos con la propuesta que habla de solo un 20%, es insuficiente».