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El sector del consumo, contra la tasa de Garzón al 'fast food': "perjudica a las rentas más desfavorecidas"

La creación de un posible impuesto sobre la llamada comida basura que el recién creado Ministerio de Consumo está estudiando genera muchas dudas dentro del sector de alimentación y bebidas. La idea de tasar este tipo de productos ya estaba en el pacto de PSOE-Podemos, que contemplaba la posibilidad de «revisar la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares». El pasado domingo Alberto Garzón, titular de Consumo, volvió a reiterar que su departamento estudia esta medida.

Desde Fiab, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, critican una posible subida de impuestos «a algunos alimentos con el argumento de mejorar la salud pública». «Consideramos que los términos 'comida' y 'basura' son incompatibles», señala Mauricio García de Quevedo, director general de la patronal.

«No hay evidencia científica que ese tipo de medidas sean eficaces ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos. Consideramos, por tanto, que este tipo de medidas tiene un carácter recaudatorio que sólo tiene como efecto disminuir la renta de los ciudadanos, especialmente a los de rentas más desfavorecidas», añade.

Irene Vilà, experta de EAE Bussiness School, dice que tasar los alimentos que pueden ser dañinos a largo plazo es algo que ya hacen otros países, como Francia o Reino Unido, con el impuesto a las bebidas azucaradas. «Es una manera de animar al sector a que saque sus versiones más saludables», señala la experta, que recuerda que algunas empresas de refrescos ya facturan más con sus versiones light o zero que con las versiones clásicas.

Desde Fiab recuerdan, por su parte, que los problemas de salud «dependen de otros muchos factores relacionados con los hábitos de vida saludables», no sólo con la alimentación. «Nunca ha habido, como ahora, una oferta de productos tan segura, variada y adaptada a los gustos de los consumidores», declaran.

Sensibilidad

Marcas de Restauración, asociación que engloba decenas de cadenas de restaurantes como Telepizza, La Mafia, Rodilla, McDonalds o KFC, cree que este anuncio «necesariamente, profundizará el diálogo y estudio (ya existentes) entre administración y sector privado para llegar a medidas eficaces para reducir la obesidad».

Según Paula Nevado, secretaria general de la asociación, «cualquier cuestión referida a la alimentación merece ser tratada con sensibilidad y no conviene alentar debates faltos de rigor o el uso de terminología inexacta». «Recordemos a nuestras abuelas: 'con la comida no se juega'. No banalicemos el alimento o su carencia con adjetivos sin base científica», explica.

Otras fuentes consultadas coinciden en la dificultad, en primer lugar, de definir qué es comida basura o fast food. La asociación de empresas de gran consumo, Aecoc, tiene un libro blanco en el que se definen las distintas categorías de productos en función de su perfil nutricional, pero, según explican fuentes del sector, «nadie quiere ponerle al producto que fabrica o vende un adjetivo negativo, nadie quiere definir su producto como fast food o ultraprocesado».

Además, estas fuentes señalan que «si la postura sobre el juego y las casas de apuestas está más clara, en lo referente a esta supuesta tasa no lo está tanto». «Es todo muy etéreo y poco concreto», señalan. «Aún no sabemos qué medidas se van a aprobar, en qué van a afectar y cómo se van a definir estos conceptos», dicen.

Coinciden en que esta tasa, en cualquier caso, tendría que ser competencia del Ministerio de Hacienda. Nevado recuerda además que ya hay iniciativas al respecto, y que muchas empresas y fabricantes de alimentación y bebidas se han adherido voluntariamente al llamado plan de reformulación alimentaria, impulsado por Sanidad hace más de un año y que tiene como objetivo reducir las cantidades de azúcar, sal y grasas en los alimentos.

El precedente a esta posible tasa sobre la comida basura lo tendríamos en la de las bebidas azucaradas aprobada por Cataluña hace dos años. Casi todo el sector criticó este impuesto al considerar que era meramente recaudatorio. Desde Anfabra, la patronal de las bebidas refrescantes, consideraron que demoniza a un sector y perjudica a las empresas afectadas.

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