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El presidente del Tribunal Superior de Baleares concluye que el juez y el fiscal que investigaron a Cursach no manipularon testigos

Nuevo vuelco en la causa que investiga al juez y al fiscal que levantaron las alfombras del presunto entramado policial dirigido a proteger los intereses del considerado rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach. Después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) e instructor de las pesquisas, Carlos Gómez, tumbase las acusaciones más graves que pesaban sobre ambos y, tres meses después, reabriese de nuevo el procedimiento judicial por orden de la Sala de lo Civil y Penal del órgano judicial, el magistrado insiste en que ni uno ni otro indujeron a testigos protegidos a declarar en sentido incriminatorio contra policías y magnate.

Los policías que investigaron a Cursach niegan haber coaccionado a testigos para que incriminaran al magnate

Los policías que investigaron a Cursach niegan haber coaccionado a testigos para que incriminaran al magnate

Por el contrario, Gómez sí ha abierto la vía para enviar a juicio al juez Manuel Penalva y a los cuatro integrantes del grupo de Blanqueo con los que colaboraban al frente del caso Cursach a raíz de las filtraciones que supuestamente efectuaron a la prensa mientras las actuaciones se encontraban bajo secreto así como por no haber llevado a cabo conducta alguna para impedirlo. "Tras la divulgación del contenido de estas no hicieron nada por perseguir el delito de revelación de secretos", sostiene el magistrado.

En esta ocasión, el instructor libra además del procedimiento judicial al exfiscal Miguel Ángel Subirán después de que un informe forense determinase que no se encuentra en condiciones de defenderse con garantías en la causa debido a una incapacidad médica. Por este motivo, Gómez ha archivado la causa respecto al inculpado "en tanto no recupere la salud mental en términos que le permitan continuar el proceso sin merma de su derecho de defensa" y solicita que el Instituto de Medicina Legal de Baleares remita al TSJIB partes trimestrales sobre su estado de salud, "debiendo en cada ocasión comparecer el señor Subirán con la documentación generada por el tratamiento (…) que, en su caso, siga".

El presidente de la máxima instancia judicial de Baleares ha dado traslado a las acusaciones -ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid así como por una treintena de investigados en su día en el caso Cursach- para que formulen su escrito de calificación y determinen qué condenas -circunscritas a los delitos relacionados con la filtración de información- solicitan para juez y policías como paso previo a la apertura de juicio oral.

Desmontar las presuntas coacciones

En un auto de 83 páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, Gómez vuelve a desgranar por bloques las distintas acusaciones sostenidas hasta el momento contra los investigados y centra buena parte de su análisis en desmontar las presuntas coacciones ejercidas sobre los principales testigos sobre los que se asentaron las investigaciones contra el principal empresario del ocio en Baleares. Y, si bien no descarta que estos pudieran haber incurrido en delitos de falso testimonio, asevera que no se han hallado indicios de que Penalva y Subirán fuesen conscientes de que aquellos mentían. Al desligar el papel de estos testimonios a la labor investigadora de juez y fiscal, el magistrado del TSJIB considera necesario que sea un juzgado de instrucción el que indague si, efectivamente, aquellos denunciaron mendazmente presuntos tratos de favor intercambiados entre empresario y policías locales.

A diferencia de la resolución que el máximo responsable del TSJIB dictó el pasado 1 de diciembre para eximir a los antiguos investigadores del caso Cursach de delitos de delitos de prevaricación, detención ilegal y deslealtad profesional, Gómez ahonda en esta ocasión en el papel que aquellos desplegaron respecto a uno de los testigos protegidos de la causa -el número 26-, un trilero que se movía por la zona donde se ubican varias de las discotecas del empresario del ocio y que, según la Policía Nacional, Anticorrupción y las demás acusaciones, habría sido utilizado por Penalva y Subirán, a cambio de beneficios procesales en otra causa, para apuntalar sus tesis acerca de las supuestas fiestas con policías celebradas en Tito's, buque insignia del empresario mallorquín. Unas acusaciones que, hasta ese momento, únicamente habían sido efectuadas por otro testigo clave del caso Cursach.

Frente a tales conclusiones, el magistrado subraya que "el deseo de los hoy encausados [en alusión a Penalva, Subirán y los cuatro policías] de que las declaraciones del testigo protegido 26 concordasen y reforzasen las de los otros testigos era una aspiración lógica de quienes están a cargo de una investigación (...) y no constituye propiamente un indicio de inducción a un testimonio en un determinado sentido". En su nueva resolución, Gómez incide en que “no obran en autos indicios racionales de criminalidad" que permitan deducir que los ahora investigados indujeran al testigo a formular falsas acusaciones.

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