El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de El Astillero ha denunciado ante la mesa de contratación la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición de un coche para el cuerpo de Policía Local. Según indicó el PRC en una nota, el concejal de Hacienda, Vicente Palazuelos, pretendía dar trámite a la aceptación de la única oferta recibida -derivada del alcalde, Javier Fernández Soberón-, «al margen de cualquier procedimiento reglado» y «queriéndolo presentar como un procedimiento negociado sin publicidad».
Así, y según explicó el grupo regionalista, ante las argumentaciones expuestas y las explicaciones solicitadas en la mesa de contratación por la concejal del PRC, Pilar Briz, el asunto ha quedado sobre la mesa, pendiente del inicio de los trámites administrativos legales necesarios para continuar con la licitación.
En este sentido, el portavoz del PRC, Francisco Ortiz, manifestó su malestar y descontento con el proceder del alcalde, que actúa -dijo- «al margen de la legalidad» y «con total desprecio hacia los procedimientos reglados en materia de contratación recogidos en la Ley de Contratación del Sector Público, lamentando que «sean los policías locales quienes sufran en esta ocasión las consecuencias de la incapacidad y la negligente gestión del alcalde, con el consiguiente retraso en la adquisición de un vehículo que están demandando desde hace meses».
Para entender el asunto, el PRC se remontó al pasado 2 de noviembre, cuando Javier Fernández Soberón dio comienzo al procedimiento de licitación abierto simplificado para la compra de un vehículo con destino a la Policía Local, a través de la preceptiva memoria justificativa de necesidad del contrato administrativo.
Con posterioridad, según continúa el grupo regionalista, la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 12 de noviembre, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescripciones técnicas, el expediente de contratación, la autorización del gasto por importe de 33.000 euros, así como la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.
Finalmente, el procedimiento de licitación resultó desierto, puesto que no se ha recibido ninguna oferta. A la vista de la situación y sin mediar ningún trámite administrativo, ni acuerdo de ninguna clase, el alcalde «invitó directamente a una empresa particular, que no había participado en el anterior procedimiento de licitación, a que presente una oferta en las mismas condiciones que se establecían en los pliegos de la licitación abierta«.
