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El PP tantea a otros grupos del Congreso para salvar la campaña de Navidad

Pablo Casado no da la batalla por perdida. El líder del PP cree que el Gobierno está aún a tiempo de rectificar su intención de imponer un estado de alarma de seis meses en España y puede lograr un «gran consenso» con la oposición para limitar esa medida excepcional a ocho semanas. Ese es el principal objetivo de los populares: salvar la campaña de Navidad, no solo por lo que supone para la economía, sino también para la moral de la población, sobre todo los mayores. El presidente del PP dio instrucciones al Grupo Popular en el Congreso para que busque un acuerdo con otras formaciones y poder presentar mañana, jueves, una propuesta de resolución consensuada, que ponga ese límite de ocho semanas.

«La pelota está en el tejado de Sánchez», advirtió ayer Casado, en la Comisión de Seguimiento del Covid-19 que los populares celebraron en Génova. Hasta ayer por la tarde, el PP no había recibido ninguna respuesta de La Moncloa, después de que el gabinete de Casado enviara al de Sánchez los detalles de su propuesta, que incluye su plan B jurídico, para ponerlo en marcha antes de dos meses. El líder del PP confía aún en que Sánchez se ponga en contacto con él para acercar posturas y poder mostrar a los ciudadanos un gran acuerdo.

Casado rechaza de plano la propuesta que el Gobierno llevará mañana al Congreso: «No es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a venir al Congreso a presentarlo». No obstante, cree que no hay nada cerrado y todavía puede pactar con el PP para reducir el plazo de alarma «y legislar de una vez contra la pandemia».

La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, evitó decir el sentido del voto de su partido si el Gobierno no rectifica y mantiene los seis meses de la medida excepcional. Los populares prefieren esperan y ver si finalmente Sánchez, al que le podrían faltar apoyos para imponer sus planes, acepta la propuesta del principal partido de la oposición.

Gamarra empezó a contactar ayer con otros grupos parlamentarios para presentar de forma conjunta una propuesta de resolución en el Pleno de mañana, basada en el límite de ocho semanas y en el estricto control parlamentario del Gobierno durante el tiempo que dure la alarma. El objetivo del PP es que esa resolución sea la base sobre la que el Gobierno pueda moderar su postura antes de la votación en el Pleno.

Una reforma urgente

En Génova, en la Comisión de Seguimiento del Covid-19, Ana Pastor, que coordina este grupo interno de trabajo del PP, insistió en que decretar el estado de alarma es un fracaso en sí mismo, pero se ha llegado a esta situación porque el Gobierno no hizo los deberes: «No tendríamos que haber llegado al extremo de decretar un nuevo estado de alarma si el Ejecutivo hubiera actuado con constancia y anticipación». Por eso instó al Gobierno a tramitar ahora de forma urgente la proposición de ley orgánica que presentó el PP para reformar la ley de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin de dar instrumentos legales a las comunidades y hacer innecesario el estado de alarma.

El PP insiste en que la alarma es una medida excepcional dañina para los derechos de los ciudadanos, pero también para la imagen exterior de España, una opción extrema que no gusta nada a las instituciones europeas, que piden, además «proporcionalidad».

Pastor reprochó al Gobierno su parálisis legislativa y que no haya puesto en marcha las medidas aprobadas en la Comisión de Reconstrucción, como la creación de una Agencia de Salud Pública. La vicesecretaria de Política Social del PP reclamó que se refuercen los controles en los aeropuertos, el incremento del número de test, el fortalecimiento de la atención primaria y la resolución del contrato de material sanitario. Además, subrayó que en una pandemia debe haber «un referente científico creíble», algo que, a su juicio, brilla por su ausencia.

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