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El PP rodea a Casado de cortafuegos para evitar una erosión por la Kitchen

En plena segunda ola de la pandemia en España, con más de 53.000 muertos, según los últimos datos de exceso de mortalidad que reflejan los registros civiles, el partido que está sufriendo más presión política en este momento no es el que gobierna, sino el primero de la oposición. Y no solo por el coronavirus, que también, sino por un escándalo que sucedió hace casi una década y que afectó a unos dirigentes que ya no están en la primera línea política. Parece surrealista, pero en Génova crece la preocupación por el daño que pueda ocasionarse a una «marca» electoral ya bastante dañada, que no ha podido desprenderse del estigma de corrupción pese al relevo generacional.

En el PP han asumido que por mucho que insistan en que la Operación Kitchen forma parte del pasado, no por eso se va a esfumar la presión política ni el acoso a sus siglas, ni ese caso va a dejar de ocupar grandes titulares en los medios. El objetivo marcado desde Génova es demostrar a los ciudadanos que el partido ha cambiado, que Pablo Casado no pasará ni una a nadie, sea quien sea, y que este escándalo nada tiene que ver con el actual presidente del partido. Para ello, los populares han abierto varios cortafuego en torno al líder del partido y su núcleo duro, con los que evitar que les roce el incendio de la Kitchen.

La primera de esas barreras es la temporal. El PP se ha agarrado desde el primer momento a que cuando ocurrieron los hechos del supuesto espionaje policial a Bárcenas desde Interior, Pablo Casado era solo diputado por Ávila, ajeno a cualquier maniobra no ya del Gobierno, sino también del partido. En el verano de 2018 se produjo el cambio de ciclo en el PP, con la elección de Casado como presidente nacional tras el proceso de primarias. Entró un equipo nuevo, con el mensaje de regeneración y exigencia ética como bandera.

Más tarde, cuando llegaron las primeras elecciones generales con Casado como candidato, este prescindió de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, en las listas electorales. El primero quedó como militante de base, y el segundo ni siquiera es afiliado al partido. Es otro «cortafuegos». Casado actuó desde el principio, sin esperar a que hubiera imputaciones, porque ya había «evidencias» de posibles comportamientos irregulares, y no quería una sola mancha de sospecha en sus primeras listas electorales.

Alivio en Génova

En el PP esperaban que el juez imputara a Jorge Fernández Díaz en cualquier momento. Finalmente, García Castellón lo citó como investigado el viernes pasado. Los populares sabían que era imprescindible actuar con inmediatez, porque dejar pasar el tiempo sin más, como ocurrió en otras épocas, es ácido sulfúrico para el partido. Solo unos minutos después, se anunció la apertura de un expediente informativo al exministro del Interior, como establecen los estatutos para casos de corrupción. Es el Comité de Derechos y Garantías el que debe aprobar la apertura del expediente, pero no se dejó pasar ni un cuarto de hora.

El juez dejó fuera de las imputaciones a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pedía en su informe que se incluyera su nombre como investigada. La noticia supuso un alivio en Génova, porque se levanta un muro entre los hechos protagonizados por Interior en los años 2012 y 2013 y la estructura del partido. Y sirvió para que arreciaran las críticas contra la «ministra 23», la fiscal general, Dolores Delgado, por su «nula» imparcialidad. En el momento procesal actual, el PP insistirá en que los hechos investigados corresponden exclusivamente a ese Ministerio, y por tanto tampoco afectan a Mariano Rajoy. «No hay nada que indique que Rajoy puede llegar a tener problemas, y por tanto no vamos a hablar de hipótesis que solo benefician a los adversarios», señalan los populares.

En las líneas de protección que han levantado en el PP se incluye el rechazo a costear los abogados de los implicados en esta operación, como informó ABC. Génova se desentiende por completo de su defensa, y vuelve a marcar así distancia con ellos.

Para el PP de Casado también es básico demostrar que no tiene «nada que ocultar». Ante la petición de creación de una comisión de investigación sobre la Kitchen en el Congreso de los Diputados, el Grupo Popular se opondrá. De hecho, los dos miembros de la Mesa, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, se opusieron ya en el primer paso, dado en la Mesa de la Cámara. Una posición diferente incendiaría un sector importante del PP. Pero a partir de ahí los populares no quieren trasladar la imagen de que «obstaculizan» los trabajos de un órgano parlamentario que ya dan por descontado, para demostrar que no temen lo que ahí se diga. Eso sí, Casado quiere que se investiguen «todo de todos», y por tanto insistirá en que se incluyan los diferentes casos de corrupción que afectan al PSOE y Podemos.

El «doble rasero»

La denuncia de la «doble vara de medir» o el «doble rasero» es uno de los cortafuegos que más utiliza el PP. «¿Por qué se pide explicaciones a Casado por la Kitchen, y no a Sánchez por Filesa, por los GAL o por los ERE?», se preguntan los populares. Recuerdan que en el Gobierno de Sánchez hay sentados tres ministros «salpicados» por el caso ERE: Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas. Por si fuera poco, Sánchez gobierna en coalición con un partido, Podemos, imputado por una supuesta «caja B».

Génova se agarra también a la presunción de inocencia como defensa. No le faltan casos que sufrieron la «pena de telediario», y sin embargo luego quedaron en nada. El ejemplo de Rita Barberá es el más sangrante y doloroso en el PP, pero tampoco olvidan otros como el de la senadora Pilar Barreiro, que acabó en el Grupo Mixto, como condición para que Ciudadanos negociara los Presupuestos con Rajoy, y luego su caso acabó archivado. Ahora, como señalan en el PP, Ciudadanos no tiene ningún problema en pactar con un Gobierno del que forma parte un partido imputado.

«¿Y qué más podemos hacer?», se preguntan con cierta impotencia en el PP. Casado ha pedido a los suyos calma y serenidad. Y, sobre todo, que se centren en su agenda, en los «problemas reales» de los ciudadanos, convencidos de que a los españoles «no les preocupa ya la Kitchen, sino la pandemia, la educación, la economía y el empleo». Ese es el encargo que tiene la nueva portavoz, Cuca Gamarra, con un perfil netamente «social».

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