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El PP exige responsabilidades a PSOE, Cs y Podemos tras el archivo de la denuncia por Conexión Sur

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, y la portavoz del PP en Murcia, Rebeca Pérez, acompañadas por los concejales José Guillén, Mercedes Bernabé, Jesús Pacheco y Antonio Navarro exigieron a Podemos, Ciudadanos y PSOE en la ciudad de Murcia que asuman responsabilidades políticas, tras el archivo de la infundada denuncia sobre el proceso participativo de Conexión Sur.

Rebeca Pérez lamenta que «el tripartito ha intentado por todas las vías atacar la gestión del PP en las instituciones», y «el último ejemplo del fracaso de la trama del tripartito lo hemos conocido por la Agencia de Protección de Datos, que ha archivado la reclamación presentada contra el Ayuntamiento por parte del PSOE sobre el proceso de participación que se realizó en el marco del proyecto estratégico Murcia Conexión Sur».

La portavoz municipal del PP en Murcia se cuestionó «¿qué habría sucedido si la denuncia malintencionada hubiera tenido fundamento?, algo que no ha ocurrido. «La izquierda, más Ciudadanos, hubieran pedido responsabilidades políticas y dimisiones de manera rotunda. Por eso, hemos remitido una comunicación interior para conocer la identidad de quién presentó la denuncia y le instamos a que, de acuerdo con lo sucedido, y a la mayor brevedad, dimita y afronte las consecuencias de sus hechos. Estos ataques infundados y sistemáticos a la gestión del Ayuntamiento no pueden quedar impunes», dijo la 'popular'.

Por su parte, la portavoz regional, Miriam Guardiola, aseguró que se están desmontando una a una todas las acusaciones y bulos injustificados en los que el PSOE asentó el asalto a las instituciones. «La denuncia archivada pone de manifiesto que la moción de censura no solo era injusta, sino totalmente falta de fundamento, ya que ha sacado de la institución a un buen gobierno».

Para Guardiola «el PSOE en la Región es un partido desnortado, sin proyecto y sin líder» que «se dedica a inocular mentiras y bulos infundados y presentar mociones que solo importan a ellos mismos». De hecho, «el PSOE ha convertido la política en un campo de batalla, no queremos ser como ellos, pero si siguen en esta espiral de bulos atacando el honor del PP, tomaremos medidas y pediremos responsabilidades, tanto políticas como judiciales».

Por su parte, la edil Mercedes Bernabé explicó que «la resolución avala la pulcritud con la que se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana pese a los ataques constantes de la izquierda». «La Agencia de Protección de Datos recoge en su informe que no concurre ningún motivo para iniciar un procedimiento sancionador, ya que el escrito presentado por el Ayuntamiento aclara la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo en todo el proceso», manifestó la 'popular'. La edil Bernabé también señaló que «el tripartito que forman PSOE, Podemos y Ciudadanos siempre se opuso a que los vecinos tuvieran voz en el proyecto Conexión Sur y no dudaron en judicializar el proceso participativo para tratar, sin éxito, de torpedearlo».

Por su parte, Rebeca Pérez ha denunciado que «esta resolución dictada por la Agencia de Protección de Datos pone al desnudo la campaña de desprestigio que ha llevado a cabo el tripartito municipal con el único objetivo de alimentar la trama de mentiras, bulos, falsedades y falsas denuncias de Diego Conesa y justificar el asalto al poder que escenificaron en el Ayuntamiento de Murcia».

Resaltó que «el archivo de esta causa es un ejemplo de cómo han alcanzado el poder en Murcia Ciudadanos y PSOE con la inestimable contribución de Podemos. Realizaron un montaje con mentiras que se irán cayendo por sí mismas porque son rotundamente falsas».

Otras denuncias que han sido archivadas

En el caso del Ayuntamiento de Murcia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, desestimó el recurso presentado para suspender el procedimiento de contratación del servicio de la ORA, que declaró legal y formalmente impecable a pesar de los ataques realizados desde el tripartito. De la misma forma, una segunda resolución favorable para el Ayuntamiento despejó todas las dudas sembradas por el grupo Ciudadanos sobre los proyectos encargados a Urbamusa como medio propio municipal.

Durante el procedimiento para municipalizar el servicio de la ORA, la oposición trató de generar dudas acerca de la condición de Urbamusa de medio propio del Ayuntamiento, cuestión que quedó refrendada por hasta seis informes jurídicos y económicos, uno de los cuales lo elaboró el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, órgano que estableció que resultaba «claro y meridiano que Urbamusa es medio propio de sus administraciones matrices, es decir, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma».

Con estos dos archivos, todo el revuelo político generado en torno al proceso de municipalización de la ORA y los encargos de diversos proyectos municipales a Urbamusa quedó desacreditado porque los tribunales avalaron las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), también avaló la actuación de los técnicos y los servicios municipales, hasta en tres ocasiones distintas la legalidad seguida en el proceso de licitación del contrato de parques y jardines, contrato que por otro lado, tiene cómo único al concejal de contratación encargado de su firma, Mario Gómez, del grupo Ciudadanos.

Las tres denuncias presentadas, dos contra el proceso de licitación y una tercera contra el de adjudicación, fueron desestimadas, lo que avala la legalidad de la tramitación realizada por los servicios municipales del Ayuntamiento. A pesar de que estas resoluciones dan la razón al Ayuntamiento de manera reiterada, el «tripartito» ha venido utilizando argumentos infundados para la denuncia y el descrédito.

Tampoco tuvieron recorrido las denuncias formuladas por Mario Gómez sobre las supuestas prácticas colusorias de dos empresas durante el proceso de contratación del servicio de mantenimiento, auxiliares de pista y salas, control de acceso y limpieza de las instalaciones deportivas. Las mercantiles aludidas interpusieron un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras la decisión de Gómez de paralizar el proceso y la Justicia estimó su reclamación y acordó levantar la suspensión. El Tribunal recogió en su resolución que el concejal de Ciudadanos se excedió en sus competencias en este asunto, «poniendo en evidencia su mal proceder en las actuaciones y la denuncia».

De igual manera, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia declaró que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley en el acto de subrogación de trabajadores en la Fundación Ramón Gaya. El Tribunal estimó, además, que no se vulneraron los derechos fundamentales de los empleados y que, por tanto, no hubo ninguna cesión ilegal.

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