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El Poder Judicial afirma que la reforma produce «atrofia y paralización»

El gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un informe sobre la reforma aprobada por PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del órgano cuando está en funciones, como ocurre en la actualidad. El documento fue pedido por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y se examinará en el Pleno del próximo jueves.

Los técnicos concluyen que la modificación legal puede llevar al Consejo a la «atrofia y la paralización» al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones de altos cargos hasta finales de año, ocho de ellas en el Tribunal Supremo, si no se procede en estos meses a la renovación de la institución: paralizada por el fracaso de las negociaciones entre socialistas y populares.

El informe realiza una lectura constitucional de las competencias del órgano de gobierno de los jueces y admite que la reforma puede llevar a una «paralización» que el legislador afirma expresamente que quiere evitar. El texto detalla también que la supresión de la atribución para hacer nombramientos discrecionales, vigente en la actualidad, debe hacerse extensiva a la designación de magistrados del Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, de la jurisdicción militar y a la aprobación de bases de convocatoria.

El informe, que no entra a valorar el ajuste constitucional de la nueva norma, señala que el CGPJ, aun estando en funciones, ha de asegurar la acción de gobierno del Poder Judicial y, con él, su independencia y la de los jueces y magistrados que forman parte del mismo. Por lo tanto, añade, sus competencias han de aproximarse a las propias de un Consejo con mandato vigente, «estando justificadas sus limitaciones en la medida en que afecten a decisiones de gobierno y de política judicial que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo Consejo y dificulten o impidan su revocación por este».

Marco constitucional

El informe recuerda que la condición y la función constitucional del Consejo determinan que las atribuciones vinculadas al ejercicio de esa función se establezcan en la propia Constitución, que dispone el núcleo esencial de las funciones del CGPJ orientadas a servir de garantía institucional de la independencia del Poder Judicial.

Aunque la norma fundamental establece una habilitación legal y, al mismo tiempo, una reserva cualificada de ley orgánica para regular las funciones del órgano de gobierno de los jueces, esta no puede reducir las que la propia Constitución establece. Ello conduce a hacer una interpretación conforme a la Constitución de la norma, de modo que el resultado se aproxime en el mayor grado posible a las competencias que corresponden al Consejo con mandato vigente, interpretando restrictivamente la limitación de funciones que se introduce en el artículo 570 bis (el reformado).

Finalmente, y a petición de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya, se ha incluido en el orden del día del Pleno del jueves un punto para que se examine la reforma y se debata sobre la petición de colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia.

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