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El modelo de la economía social se pone en el escaparate

Da empleo a más de 2,1 millones de personas, supone el 10% del PIB estatal y, al contrario de lo que pudiera pensarse, está formada por compañías de todos los tamaños, desde microempresas hasta grandes grupos empresariales. La economía social se ha convertido en un modelo imprescindible para la creación de puestos de trabajo, la consecución de un crecimiento sostenible y la promoción de los valores sociales en el seno empresarial.

En España su desarrollo legislativo llegó con la Ley 5/2011, de 27 de marzo, la primera que se aprobó en Europa sobre esta materia. El texto recoge los distintos tipos de entidades que se engloban bajo este concepto: desde las cooperativas hasta las mutualidades y sociedades laborales, pasando por otras fórmulas como los centros especiales de empleo o las cofradías de pescadores. El espectro es amplio, pero hay un denominador común. «Priorizan el fin social sobre el capital, pero fundamentalmente hacen que las personas se sientan partícipes de su proyecto empresarial porque son socios», dice Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

Ese sentimiento de pertenencia ya se demostró durante los años de la crisis. Frente a la oleada de despidos masivos que realizaron las empresas mercantiles para sobrevivir a la coyuntura económica adversa, estos negocios supieron mantener el tipo. Entre el último trimestre de 2007 y el último de 2012 la destrucción de empleo en economía social fue siete puntos y medio menor que en el resto de sectores. Además, entre julio y diciembre de 2012, una de las etapas más duras de la recesión, estas entidades fueron capaces de crear más de 15.000 nuevos puestos de trabajo.

¿Y en qué punto se encuentra ahora? A cierre de 2018 existían en España 42.140 empresas de economía social, con dos familias mayoritarias: las cooperativas, que representan el 47,35% del total y las sociedades laborales, que suponen el 20,70%. Son precisamente de estas dos formas jurídicas de las únicas que el Ministerio de Trabajo tiene datos oficiales.

En el caso de las cooperativas, desde el tercer trimestre de 2013 hasta el mismo periodo de 2019, el número de empleados de estas empresas con autónomos y de las que se acogen al régimen general de la Seguridad Social ha aumentado un 10% y un 14% respectivamente. Un crecimiento que también se ha producido en el número de entidades.

José Luis Monzón, director del Ciriec España (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, aporta otro dato: «La facturación estimada para 2019 es de 70.000 millones de euros y en 2016 estuvo en 60.000 millones».

Las sociedades laborales, en cambio, han sufrido una caída tanto en el número de entidades (que han descendido un 28,3% de 2013 a 2019) como de trabajadores (con un retroceso del 5,7% en seis años). «Había un peso muy importante de esta fórmula cuando estalló la crisis en el sector de la construcción y eso lo puede explicar. También el marco legal, que crea más problemas que soluciones», señala Monzón.

Entre el último trimestre de 2007 y el último de 2012 la destrucción de empleo en economía social fue siete puntos y medio menor que en el resto de sectores

En Europa, solo cuatro países (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) superan a España en cuanto a empleo remunerado en la economía social, según el informe « Evolución reciente de la economía social en la Unión Europea», editado en 2017 por Ciriec Internacional con datos referidos al 2015. En aquel año este modelo empresarial generó en España 1.358.401 empleos directos frente a los 2.635.980 de Alemania, líder de la clasificación.

Eso sí, si se contabilizan también los empleos indirectos, la cifra se dispara hasta los , según datos de Cepes. Monzón destaca que es un «empleo relevante» y defiende que la economía social está avanzada en nuestro país (solo Bélgica, Grecia, Portugal, Francia y Rumanía han aprobado leyes específicas) donde, además, «la investigación universitaria es potente en esta materia».

Reconocimiento institucional

Su papel como motor de una economía que aúne la dimensión social y financiera es cada vez más reconocido a nivel institucional. Sin ir más lejos, uno de los primeros anuncios de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea fue la constitución de un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. En España, destaca la reciente creación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que servirá para visibilizar este modelo empresarial.

«Es en el ámbito del emprendimiento donde hay que incidir, para dar a conocer los valores de estas entidades y su contribución a una actividad económica sostenible e inclusiva y, a la vez, mostrar la existencia de empresas en todos los sectores económicos, para que no se vincule a actividades centradas en servicios sociales o educativos, o al sector agrario. Ese desconocimiento suele derivar en decantarse por opciones más conocidas como la Sociedad Anónima o la Sociedad Limitada», explica Rosa Belén Castro Núñez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.

«El desconocimiento suele derivar en decantarse por opciones más conocidas como la Sociedad Anónima o la Sociedad Limitada»

Lo cierto es que para determinados perfiles profesionales, los modelos de la economía social pueden ser una tabla de salvación. Estas empresas incorporan en mucha mayor medida que la economía mercantil colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo, como mayores de 55 años o personas con discapacidad, según revela el estudio «Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España», presentado en 2019 y cofinanciado por Cepes, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Mondragón y Fundación Espriu.

«De media, los trabajadores tienen una mayor estabilidad en el empleo. Hay más mujeres y personas con discapacidad en los puestos de dirección que en las empresas mercantiles. Además, la brecha salarial de género es menor», apunta Maribel Martínez, directora de Abay Analistas, consultora independiente responsable de la elaboración del informe.

Esta experta recuerda que la economía social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales (directos e indirectos) de 6.229 millones de euros anuales, entendiendo por beneficios directos las rentas que van a distintos actores por la existencia de los principios sociales en las compañías y por indirectos el gasto que no se ejecuta porque esas personas están ocupadas.

«De media, los trabajadores de empresas de economía social tienen una mayor estabilidad en el empleo»

Otra de las características diferenciadoras de estas entidades es que apenas deslocalizan y, por consiguiente, ayudan a fijar población en entornos rurales vulnerables a la fuga de residentes. De hecho, el 60,2% de las entidades de economía social y el 54,6% de sus trabajadores se ubican en municipios de menos de 40.000 habitantes, según se desprende del mencionado informe.

En la carrera para fomentar más la economía social en nuestro país, la patronal Cepes pide la formación de una Comisión Interministerial. «Pedro Sánchez me trasladó su compromiso de crearla si era presidente y lo recogió en el programa de Gobierno del PSOE», asegura Pedreño, que también menciona la conveniencia de acometer una reforma fiscal en profundidad para las cooperativas. «La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas establecía ciertos caracteres diferenciales sobre el resto de las empresas mercantiles, pero 30 años después se ha quedado obsoleta», subraya.

Monzón, por su parte, defiende que habría que avanzar en las ayudas para la modernización de las estructuras empresariales y los apoyos a la innovación para que estas empresas contribuyan a aumentar la eficiencia general del sistema y la equidad, los dos puntos de referencia –sostiene– para delimitar si una política económica es buena o no.