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El jefe de la Oficina de Puigdemont cobró 5.000 € por una conferencia subvencionada

El actual responsable de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, uno de los detenidos en la operación Voloh y puesto en libertad horas después, participó en la campaña internacional de apoyo a la independencia y llegó a cobrar 5.000 euros por dar una conferencia en 2017, poco antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Su conferencia tuvo lugar en el marco del foro que el 'think tank' Crans Montana celebró en Barcelona en junio y julio de ese mismo año. En ese foro, el también detenido Xavier Vendrell cobró 9.680 euros por organizar la asistencia al mismo de varios políticos sudamericanos.

El pagador de Alay fue la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, la misma que a Vendrell. Se trata de una entidad que recibía varios cientos de miles de euros de subvenciones anuales de la Generalitat. Ese ejercicio, las ayudas públicas se dispararon hasta más de 1,3 millones y uno de los motivos fue el foro citado, para el que se destinó un presupuesto de 828.000 euros. La investigación judicial se dirige a desentrañar si, como parecen indicar los documentos del sumario, la plataforma, en lugar de destinar el dinero al deporte (que es el objeto para el que habían sido dedicadas las subvenciones), pagó a Crans Montana la organización de actos políticos de apoyo a la secesión de Cataluña. Los correos internos intervenidos no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza política de estos eventos y piden que los interventores de la Generalitat hagan la vista gorda para permitir el supuesto desvío de fondos.

Foto: De izquierda a derecha, Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler.


Posteriormente, el Consejo Catalán del Deporte, un organismo oficial, rebajó la subvención a 1,03 millones de euros y ordenó también la devolución de otra cantidad que no estaba justificada. “La subvención otorgada a la Plataforma Pro Seleccions habría de revocarse parcialmente por el importe no justificado de 306.559 euros y se tendría que devolver la cantidad de 459.494 euros”, dice el expediente de este organismo firmado el 22 de octubre de 2018.

Alay emitió una factura por 5.000 euros, a la que restó el 15% del IRPF, por lo que cobró netos 4.250 euros. Esta factura, que llevaba fecha del 4 de octubre (tres días después del referéndum), fue pagada el 30 de noviembre siguiente, cuando el Gobierno central ya había aplicado el artículo 155 de la Constitución a la Administración catalana. La conferencia de Alay se titulaba ‘The silk road cooperation & its potential for the Mediterranean, Africa and te Middle East’.

La justificación de la plataforma

Tras la fiscalización del gasto y cuando se pidieron explicaciones a la entidad, el presidente de la plataforma, Xavier Vinyals (también detenido en la misma operación), firmó un documento en el que explicaba: “La tarea desarrollada y facturada por el señor Alay no se trataba de pronunciar una conferencia de la que él era el ponente, sino de organizar y coordinar TODA (sic) la conferencia relativa a la cooperación en el entorno de la Ruta de la Seda que, como se puede observar en el extracto del programa adjunto, se trataba de una sesión de tres horas, de contenidos muy diversos y, sobre todo, con mucha diversidad y cantidad de ponentes extranjeros, 13 en total, con quienes el señor Alay tuvo que contactar y coordinarse antes y durante la celebración del Foro Crans Montana”.

El exconsejero catalán Xavier Vendrell.
El exconsejero catalán Xavier Vendrell.

Así pues, “considerando todo este trabajo previo, la responsabilidad de la misma, el buen resultado de la conferencia y el prestigio del señor Alay, a los organizadores no nos pareció nada desproporcionado el importe de la factura (…) Por otra parte, es preciso diferenciar entre el término conferencia entendido como reunión de personas para tratar sobre una materia, que el trabajo facturado por el señor Alay, y la disertación de un experto sobre un tema concreto”. En ese debate participaron, además de Alay, el expresidente catalán Artur Mas, así como representantes de instituciones de Camboya, Benín, Rumanía, Turquía, Nigeria o Kazajistán.

En el momento del encargo, Alay oficiaba como comisionado para las Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, por lo que tenía salario de alto cargo. Esta institución estaba en manos de CiU y Alay había sido contratado como “asesor técnico” el 21 de septiembre de 2015 con la máxima categoría, N1. También formaba parte de la comisión ejecutiva de la Junta de Museos de Cataluña, nombramiento efectuado por Artur Mas el 20 de mayo de 2014, cargo del que fue reemplazado en 2019 tras su fichaje como alto cargo de Presidencia de la Generalitat.

En marzo de 2018, Alay fue uno de los detenidos en Alemania cuando acompañaba al fugado Carles Puigdemont, que hacía el viaje en coche desde Finlandia a Bélgica. Además de Alay, en el vehículo viajaban el actual senador Josep Maria Matamala, íntimo amigo de Puigdemont, y dos agentes de los Mossos d’Esquadra que estaban de permiso. Con posterioridad, la Fiscalía acusó a Alay de encubrimiento, aunque el caso fue finalmente archivado por la Justicia.

Foto: Puigdemont, a su mujer desde la cárcel: "Ahora no debe haber violencia"


Con la llegada de Quim Torra a la Generalitat, Alay fue fichado como coordinador de políticas internacionales de la Presidencia de la Generalitat el 13 de junio de 2018, con salario de director general (unos 87.000 euros anuales). Apenas un mes más tarde, el 11 de julio, fue cesado en ese cargo y nombrado responsable de la Oficina del ‘expresident’ Carles Puigdemont, un cargo en el que, además del máximo salario de funcionario, tiene un plus de 60.454 euros anuales: su salario actual es de 105.676 euros al año.

Fuentes cercanas al alto cargo explicaron a El Confidencial que la detención de Alay a finales del mes de octubre “se debe a un único motivo: el tener acceso a su teléfono móvil. El Estado quiere saber qué hace, con quién habla y con quién se reúne”. En realidad, a Alay se le incautaron dos teléfonos móviles durante su detención y desde su entorno se apunta que estudia iniciativas legales por lo que consideran una “detención ilegal”.

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