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El Ingreso Mínimo Vital no puede ser un nuevo PER

Este viernes el Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha dado luz verde al Ingreso Mínimo Vital para asegurar que todos los hogares dispongan de un 'suelo' de rentas entre los 460 y los 1.015 euros para afrontar sus necesidades básicas. Se trata de que esta medida estrella del Gobierno de coalición llegue a 850.000 familias especialmente vulnerables en un momento especialmente delicado.

Precisamente, por las circunstancias actuales, hay que estar a favor de esta ayuda, si bien para que pueda consolidarse en el tiempo hay que exigir todos los requisitos que sean precisos. De momento, para evitar la previsible picaresca, el Ejecutivo ha establecido un "test de riqueza" y obligará a todos sus beneficiarios a presentar anualmente la declaración de la Renta. Además, se vincula al itinerario formativo y laboral con bonificaciones para las empresas que contraten a sus perceptores.

Afinar los cálculos

Si la nueva prestación debe servir a sus objetivos hay que afinar cálculos y aplicar el máximo escrúpulo para que este salvavidas social no degenere en una bicoca para muchos, como lamentablemente ocurrió con la prestación del PER en las regiones donde opera.

Tan apremiante es que el Gobierno apriete el acelerador para paliar la pobreza extrema como que su implantación sea clara. De ahí que, por ejemplo, haya que actualizar de inmediato la bolsa de beneficiarios habida cuenta de que los datos con los que se ha estipulado el Ingreso Mínimo Vital son de 2019, previos a la pandemia.

Vía del decretazo

Habrá quien pueda tachar esta medida de populista, más si tenemos en cuenta que se ha tramitado por la vía del decretazo, sin enmiendas ni aportaciones de otros grupos. Es lo que denuncia el PP, que tiene razón cuando exige que una decisión tan trascendental deberá tramitarse por el cauce lógico del proyecto de ley.

Y eso por no hablar de la nueva desigualdad entre españoles que supone que tanto Navarra como País Vasco sean las únicas Comunidades a las que se concede la gestión autónoma de la prestación, algo que aumenta las sospechas de que el Gobierno ha mercadeado con el PNV utilizando un instrumento pensado para frenar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad.

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