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El Gobierno Vasco renuncia al gas alavés

La existencia de gas en el subsuelo alavés quedará para siempre como una incógnita. El Gobierno Vasco renunció ayer de forma definitiva al proyecto de exploración de hidrocarburos en Subijana, cerca del hotel Ruta de Europa. En un inesperado anuncio, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente reconoció que el sondeo que ha defendido en los últimos meses a capa y espada «carece de sentido» por la prohibición de explotar nuevos yacimientos que establece la nueva Ley de Cambio Climático del Estado. Lakua se comprometió a buscar fórmulas para «paralizar» el proyecto en los próximos meses.

La decisión, que se había convertido en un clamor por parte del resto de las formaciones políticas y de los colectivos ecologistas, busca zanjar un debate que evidenció la soledad del PNV en la estrategia energética de apostar por el gas alavés como un recurso de «transición» hacia las renovables. A pesar de que apenas 24 horas antes el propio departamento que encabeza Arantxa Tapia (PNV) había anticipado que sus planes no cambiaban con la aprobación del borrador de la nuesva ley en el Congreso de los Diputados, Lakua reconsideró ayer su postura y dio por concluida la prospección de hidrocarburos en la capital alavesa.

El PNV defendía la extracción de gas local como recurso de transición a las renovables apuesta

El proyecto, que se encuentra judicializado después de que el Ayuntamiento de Vitoria rechazara darle licencia de actividad por considerarla «incompatible» con su norma urbanística, se encontraba en una especie de limbo con la aprobación del nuevo marco legislativo, aún pendiente de trámite en el Senado. Aunque el texto deja la puerta abierta a las exploraciones que cuenten con autorización ministerial -como es el caso de Subijana-, nunca podría llegar a extraer ni comercializar el gas. Para ello necesitaría un nuevo permiso que no está previsto en la ley.

Cómo dar marcha atrás

Tomada la decisión política, el Ente Vasco de la Energía (EVE) debe estudiar la manera de suspender el proyecto sin que esta decisión suponga una pérdida de los derechos patrimoniales que corresponden a la sociedad pública Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), dependiente del EVE, y que está enrolada en este proyecto con firmas privadas a las que debe cuentas. El departamento de Tapia recordó que «la tramitación administrativa para continuar con la investigación de gas en este enclave» se enmarca en una decisión adoptada en 2011, en la que Shesa figuraba como operadora. La sociedad pública, por tanto, «no puede hacer dejación de sus obligaciones, ni renunciar a sus derechos patrimoniales y de gestión, en un proyecto para el que, además de unos socios, cuenta también con una autorización ambiental favorable para avanzar en la tramitación de la exploración», explica.

La nueva ley permite explorar el subsuelo, pero no extraer ni comercializar el gas cambio normativo

La aprobación de la nueva ley, que a última hora contó con el voto favorable del PNV, elevó la contundencia en la oposición que mostraron al proyecto el resto de formaciones políticas. También el PSE, que forma gobierno con los jeltzales en las principales instituciones vascas. Los socialistas fijaron su postura en torno al desarrollo de la ley para que se «prohibieran» actividades de exploración y explotación en el futuro. Una vez aprobado el texto, el partido que encabeza el Gobierno central recalcó que la exploración no serviría «para nada» ante la prohibición de explotar el yacimiento. En la oposición, el PNV tampoco tenía ningún aval para seguir con el plan.

El proyecto promovido por el Gobierno Vasco pretendía resolver la incógnita de si existe una importante bolsa de gas natural en el concejo vitoriano de Subijana. El Ejecutivo vasco, quien defendía que la extracción no dañaría un acuífero cercano, pretendía obtener recursos energéticos de «kilómetro cero» en lugar de depender de las importantes importanciones gasísticas de países como Argelia. Había fijado un presupuesto cercano a los 20 millones de euros para financiar el sondeo.

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