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El Gobierno vasco advierte a los contagiados por Covid de que si van a votar «cometerán un delito»

Si la crisis por el coronavirus llevó a una campaña electoral atípica, más lo fue ayer la jornada de reflexión. A escasas horas de que abrieran los colegios, el Gobierno vasco avisó a las personas que hayan dado positivo en la Covid-19 de que «si acuden a votar estarán cometiendo un delito» por «poner en riesgo la salud pública». Así lo advirtió la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Los infractores podrían ser sancionados por cometer una falta administrativa grave con multas de entre 3.000 y 60.000 euros. De verse involucrados en un hipotético foco en algún colegio, se les abriría una «investigación penal» por un «delito de lesiones».

Beltrán de Heredia compareció en Lehendakaritza junto a la titular de Salud, Nekane Murga. Estaba previsto que dieran cuenta de los datos actualizados de contagios y repasaran las estadísticas y las medidas de seguridad de la jornada electoral. Entre ellas, que los colectivos más vulnerables o aquellos ciudadanos que hubiesen estado en contacto con positivos acudieran a depositar sus papeletas en los horarios de menor afluencia (entre las 14 y las 16.00 horas).

Hasta ahí parecía sencillo. El problema es que su intervención venía precedida de polémica. Y la mayoría de las preguntas a las que tuvieron que enfrentarse fueron en la misma dirección. El Ejecutivo autónomo prohibió la víspera, aunque de manera indirecta, que aquellas personas contagiadas por la Covid-19 –alrededor de 160– acudieran a votar. En concreto, aquellas que se encuentren en «un periodo infeccioso» y que hayan dado positivo en una PCR. Lakua justificó su postura en criterios estrictamente «sanitarios». Pero expertos juristas advirtieron de que impedir el sufragio, aunque sea de manera indirecta, podría ser inconstitucional por vulnerar un derecho fundamental.

Recursos fallidos

EH Bildu recurrió sin éxito el viernes la prohibición ante la Junta Electoral Vasca. Ayer por la mañana fue Elkarrekin Podemos quien dio un paso más y llevó el asunto ante la Junta Electoral Central. Solicitaron que se pusieran en marcha las medidas necesarias para garantizar el voto de los positivos o que se aplazaran las elecciones en aquellos municipios en los que existan contagiados. Pero la respuesta fue la misma. Aunque de forma «no definitiva», dada la urgencia, la JEC consideró que «no existen datos que hagan entender que las medidas adoptadas por la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca tengan como fin último el privar a las personas de su ejercicio del derecho al voto, sino que, de manera motivada, proporcionada y adecuada, responden a la finalidad de salvaguardar otro derecho fundamental esencial, como es el derecho inviolable a la vida e integridad física».

Tanto Estefanía Beltrán de Heredia como Nekane Murga insistieron en una idea: las personas enfermas tienen «restringida la movilidad» y, por tanto, «no pueden abandonar sus domicilios». Tampoco para ir a votar. En este sentido, y según subrayó la titular de Seguridad, de acudir a los colegios electorales estarán incurriendo en «un delito contra la salud pública y se les abrirá el expediente correspondiente».

Dos son las normativas en las que se apoya el Gobierno vasco: la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi y la Ley General de Salud Pública. Ambas establecen como infracción grave incumplir «los requerimientos específicos de las autoridades sanitarias y sus agentes», así como «como cualquier otro comportamiento que suponga imprudencia, siempre que ocasionen alteración o riesgo sanitario». En estos supuestos las sanciones oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. Las consecuencias irían a mayores si, por ejemplo, un contagiado se viera involucrado en un hipotético foco en un colegio electoral. Más aún si alguien falleciera. En dicho escenario se abriría una «investigación penal».

«Responsabilidad»

¿Qué alternativa tienen aquellos que hayan dado positivo por Covid una vez expirara el plazo para solicitar el voto por correo? A estas alturas, ninguna. Desde el Ejecutivo autónomo aseguran que reclamaron ampliar aún más el plazo para el sufragio desde casa y que quisieron implementar el voto telemático, pero que «no fue posible». Ni en la intervención del viernes ni en la de ayer aludieron al escrito que la Junta Electoral Central remitió al Gobierno vasco el jueves, en el que defendía que existían medios para que las personas enfermas votasen.

En tiempo ya de descuento, el Ejecutivo autónomo insistió ayer en «la gravedad de la situación». «Ha habido personas que no han podido despedirse de sus familiares directos. Todos saben lo que es ser positivo y lo que entraña poner en riesgo a los demás. Se limita la movilidad por un bien común», expresó Nekane Murga, que recordó «la responsabilidad» con la que los vascos actuaron en el peor momento de la pandemia. Ni la ley ni la Junta Electoral, añadió la consejera de Seguridad, contemplan «posponer la materialización del voto» de aquellos que no podrán ejercerlo hoy. Los afectados tendrán la opción, si así lo desean, de recurrir esta medida por la vía judicial.

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