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El Gobierno aparca el pacto con Ciudadanos y ERC y no reformará las leyes sanitarias

O estado de alarma o estado de alarma. El Gobierno aún no se plantea recurrir de nuevo a él para controlar los 120 brotes de covid-19 activos en España, pero lo hará si la situación sigue empeorando y las comunidades autónomas no son capaces de contener la expansión del virus. No maneja ninguna otra alternativa. A pesar de acordar con Ciudadanos y ERC trabajar en la reforma de las leyes sanitarias para establecer una alternativa a esa figura legal, ahora ha aparcado esa idea. No hay plan b para decretar un confinamiento, una idea reforzada por el rechazo de la jueza al plan de la Generalitat para Lleida.

El acuerdo con Ciudadanos hablaba de reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma, punto que también acordó el Gobierno con ERC. El pacto con los independentistas (puede leerlo aquí) para la última prórroga del estado de alarma decía que "se analizará la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del covid-19". Además de la Ley de Salud Pública de 2011, hay otras dos normas cuya reforma se puso sobre la mesa: la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, ambas de 1986.

"Estas reformas legales serán presentadas a la comisión de evaluación que se creará en el Congreso de los Diputados con la voluntad de ser tramitadas en un período de tres meses desde su creación para su aprobación", añadía el acuerdo con ERC. La comisión fue anunciada por Pedro Sánchez a mediados de junio, pero aún no se ha puesto en marcha. Está prevista para el próximo periodo de sesiones, tras el verano. El dictamen de la comisión para la reconstrucción social económica, que la semana que viene será llevado al pleno del Congreso, tampoco incluye referencias a una modificación de las dos leyes sanitarias de 1986. Sí habla de "desarrollar e implementar" la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

La única ley sanitaria que ha modificado el Gobierno es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que sí puede ser modificada a través de un decreto ley. Eso fue lo que hizo el Ejecutivo con el decreto de nueva normalidad aprobado a principios de junio. Esa norma regula las actuaciones coordinadas en salud pública que puede tomar el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España, opción incluida en el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19' presentado este lunes.

Desde la Moncloa, señalan que ahora lo prioritario es "reaccionar rápido a los rebrotes concretos con consentimiento judicial". "Es lo suyo y lo práctico. Lo que no se podía hacer era confinar a todo el país por esa vía, pero los casos concretos se resuelven así", indican fuentes de primer nivel. La reforma de leyes sanitarias, el plan B, es considerado ahora por el Ejecutivo como una fórmula "más lenta", ya que la tramitación de una norma que además modifique una ley orgánica (las que afectan a derechos fundamentales) es bastante larga, ya que no se puede hacer por decreto ley del Gobierno. "No hay que perder tiempo. Las comunidades tienen competencia para confinar y comunicarlo a los jueces", insisten. Es decir, que lo prometido con Cs y con ERC queda, de momento, aparcado.

Fuentes de Ciudadanos no consideran que el Gobierno haya incumplido el acuerdo, pero el partido naranja pretendía ir más allá. "Esto es solamente el principio del plan b. Ahora nos hace falta una nueva legislación administrativa más potente para que, si existe un rebrote, si existe otra epidemia, no sea necesario declarar el estado de alarma", declaró Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso, tras el acuerdo para el decreto de nueva normalidad.

"Veremos si en un futuro disponemos de nuevos (instrumentos)", dijo este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Los que tenemos ahora son suficientes para controlar la epidemia en esta fase. El papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Pero hay otras posibilidades, como actuaciones concertadas en salud pública si afecta a varias comunidades autónomas".

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