El Gobierno andaluz publicó este martes en el boletín oficial de la Junta (BOJA) por segunda vez la orden con la que quiere organizar las plantillas sanitarias durante esta pandemia. El consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), se vio obligado a retirar el primer decreto, en el que venía a declarar una especie de ley marcial en la sanidad pública después de haberlo sacado sin negociar y, con ello, provocado un incendio mayúsculo entre los trabajadores sanitarios.

El decreto había sido publicado en un BOJA extraordinario –que se ocupa de la situación causada por el coronavirus– de este domingo y en él se entregaba todo el poder a los gerentes de distritos y hospitales para disponer del personal sanitario a su antojo, en resumen. Decidirían de forma unilateral sobre traslados, régimen de turnos, descansos y vacaciones, además de al respecto del cuidado de hijos y familiares.

Esta segunda versión, tras el profundo enfado sindical, suaviza la primera y las vacaciones y permisos de los trabajadores ya no quedan en las exclusivas manos de los gerentes de hospitales y distritos, como había pretendido Salud en la primera orden.

Sin embargo, la rectificación del Gobierno que preside Juanma Moreno no ha calmado del todo las aguas en un ámbito, el sanitario, particularmente delicado desde hace años y más durante esta pandemia.

Ninguno de los sindicatos presentes en la mesa sectorial de sanidad con el gobierno está de acuerdo con el nuevo decreto tampoco. "El personal está ya cansado de que les presionen y que todo sean "necesidades de servicio" y en base a ello pueden quitar lo que quieran", aseguró a Público una fuente sindical.

Orden de la vergüenza

Cuatro de ellos –Sindicato Médico, CSIF, CCOO y Satse– han optado, eso sí, por destacar las mejoras sustanciadas en la nueva orden, mientras que el quinto, UGT ha convocado más movilizaciones porque considera que esta "orden de la vergüenza es la gota que colma el vaso".

En un comunicado conjunto, los cuatro primeros sindicatos destacaron haber "logrado introducir mecanismos que restringen el tipo de acciones que puede llevar a cabo la Administración, las limita en el tiempo y las somete a la previa negociación en la mesa sectorial". De este modo, afirman las centrales "se elimina el poder discrecional que en la orden inicial se otorgaba a los gerentes, y se conservan importantes derechos en materia de permisos, jornada, descansos, contratación y conciliación, cuidado de familiares, así como se garantizan los derechos en situación de gestación, maternidad y paternidad".

Por su parte UGT considera que lo que se necesita son "más incentivos, más protección y menos órdenes" y que se "respeten los derechos del personal de la sanidad" porque "la orden permite derogar derechos de una forma totalmente impune". En un comunicado, el sindicato señala que "es inadmisible que pisoteen los derechos por la incapacidad de gestión de la consejería de Salud, por la nula capacidad de negociación de los cargos directivos y por la falta de soluciones a la fuga de profesionales".

UGT añade en otro comunicado: "Las vacaciones, licencias, permisos, excedencia de guardias, bolsa, la movilidad del personal por toda Andalucía, el hacer funciones no propias… van a quedar restringidas bajo el epígrafe: Ante una evaluación epidemiológica y de saturación de recursos asistenciales que exija la adopción de medidas extraordinarias en materia de ordenación de los recursos humanos".

CCOO argumenta al respecto de esto último en una nota que la situación crítica ya no va a quedar al albur de cada gerente como en la orden anterior, sino que previa negociación en mesa sectorial, se hará "una evaluación epidemiológica y de saturación de recursos asistenciales".

"Son medidas duras que siguen sin contar con nuestro acuerdo, pero solo se aplicarán en una situación de catástrofe sanitaria", remacha CCOO.