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El ex trabajador de UGT-A recurre su condena porque el sindicato pudo "manipular" el ordenador que le incrimina

El ex trabajador de UGT-A Roberto Macías ha recurrido ante la Audiencia la sentencia de un juzgado de Sevilla que lo condenó a dos años de cárcel por revelación de secretos porque el sindicato que lo acusa pudo "manipular" el ordenador que le incrimina, ya que estuvo a su disposición durante 10 meses. Por ello, pide que esta prueba se declare nula.

Roberto Macías, el ex administrativo del sindicato que destapó el presunto fraude de las facturas falsas de UGT-A, fue condenado el pasado mayo por el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla por difundir entre varios medios de comunicación información confidencial de la central sindical.

Las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios provocaron que se abriera una investigación judicial que ha desembocado en la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula del sindicato en Andalucía y sus proveedores de confianza. Se sentarán en el banquillo 15 personas, entre ellas el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años de cárcel. El juez ha impuesto al sindicato una fianza de 40,7 millones de euros, la cantidad supuestamente desviada.

Mientras el sindicato estaba siendo investigado por la presunta trama de las facturas falsas, los responsables de UGT-A denunciaron a su antiguo administrativo por revelación de secretos, una maniobra en busca de un "chivo expiatorio", según Macías. Unos expertos informáticos contratados por UGT-A encontraron pruebas contra el administrativo en el ordenador que usaba cuando estuvo trabajando en la central sindical.

Sin embargo, en un extenso recurso de 84 páginas al que tuvo acceso este diario, Francisco José Sánchez Ramón, abogado de Macías, recuerda que su patrocinado fue despedido del sindicato el 30 de noviembre de 2012 y hasta el 6 de septiembre de 2013 no se revisó su ordenador. Por lo tanto, durante estos diez meses, el equipo informático que usaba Macías en UGT-A estuvo a disposición del sindicato, que tuvo "tiempo más que suficiente para la manipulación y alteración" del equipo.

De hecho, aunque el sindicato alega que el equipo informático estaba en un almacén, lo cierto es que "el último día de acceso a dicho ordenador fue el 19 de agosto de 2013, días antes de la intervención de los peritos" y nueve meses después de que Macías fuera despedido y por lo tanto no volviera a usar el equipo informático.

"Curiosamente, el 18 de diciembre de 2012, cuando Roberto Macías ya estaba despedido", en las diligencias judiciales figura que se conectó al equipo, "algo imposible", remarca en el recurso su abogado, que también es presidente de Amayt (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia). Entre la fecha del despido y el momento en el que los expertos informáticos se hacen cargo del equipo para analizarlo "constan varios accesos".

"¿Con qué finalidad? ¿Qué interés había en ello? ¿Por qué se manifiesta que el ordenador se encontraba en un almacén? En realidad estaban preparándolo o manipulándolo", señala el abogado.

Tras analizar los accesos al ordenador, el recurso dice que UGT-A "podría haber colocado ex profeso o retirado datos y archivos" en el ordenador de su antiguo trabajador "conforme a sus intereses", preparando así una "prueba diabólica" contra Macías. Por ello, pide que esta prueba se declare nula.

Otra de las bases del recurso de Macías contra la sentencia que lo condena es que ha sufrido "indefensión", ya que el DVD que contenía los documentos del sindicato supuestamente revelados no consta en las actuaciones. Por ello, el abogado subraya lo "absurdo" de una condena por revelación de secretos contenidos en un archivo -el DVD- que no figura en el expediente judicial del caso.

Para el abogado, la juez que condenó a Macías ha incurrido también en un "claro error en la apreciación de la prueba" porque, según su versión, hay coincidencias entre los hallazgos en el ordenador con el que trabajaba en UGT-A y otros archivos informáticos incautados por la Policía en su domicilio, pero ninguno encaja con los documentos supuestamente escaneados por el administrativo y los publicados en prensa.

Otro motivo para recurrir la condena es que no puede haber un delito de revelación de secretos porque ninguno de los documentos analizados afecta a la "intimidad" de nadie, según el recurso. "¿En qué afecta a la intimidad de los miembros, afiliados y dignos representantes de UGT-A la revelación de documentos inexistentes de los que sólo consta el nomenclátor de la ruta de archivo informático de una carpeta de compras cuyo contenido documental no obra en las actuaciones?", se pregunta el letrado.

Para el abogado, no se puede considerar "secreto" la actividad presuntamente delictiva que estaba desplegando el sindicato para, supuestamente, desviar subvenciones y financiarse de forma irregular, según revela la investigación del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla.

El recurso pide también que Macías sea protegido como denunciante de un caso de corrupción, tal y como recoge la Directiva Europea 1937/2019. En su sentencia contra el ex trabajador de UGT-A, la juez alega que esta directiva europea no se puede aplicar en su caso porque España no la ha trasladado todavía a la legislación nacional.

El recurso de UGT-A

Como informó este diario, UGT-A también ha presentado un recurso contra la sentencia que condenó a Macías, pero le aplicó la atenuante de "dilaciones indebidas" por los retrasos acumulados en la causa, lo que hizo que la condena final fuera menor. El fallo tampoco le concedió al sindicato la indemnización de 60.000 euros por daño moral que solicitó, al no ver la juez debidamente justificada esa cantidad.

UGT-A quiere que se anule la atenuante. "No hay dilación no justificada ni extraordinaria que se aparte de los parámetros normales u ordinarios" para un procedimiento de estas características y "las que ha podido haber son solo imputables a la conducta del acusado o de su defensa", dice el sindicato.

En su recurso, UGT-A también pide que Roberto Macías les abone los 60.000 euros de indemnización que ellos mismos han fijado, según exponen, con un criterio "prudente". Alegan que se trata de una "entidad de ámbito nacional y autonómico" y que se filtró "información confidencial", que fue "publicada sucesivamente con la única finalidad de causar daño en el prestigio" del sindicato.

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