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El Consell sitúa la prostitución como otra forma de terrorismo machista

La lucha contra la prostitución y la consideración de esta como un atentado contra la dignidad de las mujeres y una forma expresa de violencia machista lleva ya tiempo en la agenda del Consell y ayer, día en que se busca visibilizar todas las violencias que sufren las mujeres más allá del maltrato físico, no fue una excepción.

El Botànic, y de forma especial miembros destacados del Consell como el presidente Ximo Puig o la titular de Justicia, Gabriela Bravo, han adoptado una postura abiertamente abolicionista y existen ya varios movimientos para tratar de presionar en el Gobierno central para una legislación que acabe con el actual vacío legal y sea efectiva para luchar contra el proxenetismo y poner fin al drama de la explotación sexual, a menudo blanqueada. Muestra del compromiso del Consell fue que en un día tan señalado, la consellera Bravo se reunió con las representantes del Front Abolicionista y asumiera públicamente sus postulados. Bravo mantuvo que la prostitución es otra forma de terrorismo machista y abogó por una ley que «penalice a los clientes».

La consellera recordó que desde que España ratificó en 2014 el Convenio de Estambul, «estamos obligados a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico sus preceptos que reconocen como violencia contra la mujer todas aquellas manifestaciones discriminatorias, de abuso y maltrato que se puedan dar más allá de las relaciones de pareja y en las que se incluye la prostitución».

La postura de Bravo y del grueso del movimiento feminista es que es una trampa diferenciar entre trata y prostitución y que son dos caras de la misma moneda. Por ese motivo, la consellera ha defendido la necesidad de elaborar una nueva ley integral contra la trata y la explotación sexual que permita «castigar a los proxenetas, penalizar a los clientes y ayudar a las mujeres tanto en el ámbito laboral como social», como ocurre en Francia o Suecia.

Cambiar el Código Penal

La consellera, en la línea de las reivindicaciones del Front, plantea revertir la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, «pues supuso un paso atrás en la lucha contra esta esclavitud del siglo XXI al incluir demasiados condicionantes para castigar el proxenetismo». Las Corts tiene encima de la mesa una proposición no de ley para avanzar en la lucha contra la prostitución.

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados mostró ayer su apoyo a las víctimas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y detalló que el pasado año 12.085 mujeres fueron asistidas durante guardia en materia de violencia de género. Una asistencia realizada por los 2.117 letrados del turno de oficio especializados en violencia machista. El número de asuntos designados en esta materia fue de 9.655.  

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