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“El Consejo Consultivo es como tener un buen coche y no usarlo por no saber conducir”

El relevo en la presidencia del Consejo Consultivo ha sido suave en apariencia. A Juan Cano Bueso le acaba de suceder una catedrática de Derecho Administrativo de Jaén que ya era miembro, con dedicación exclusiva, del pleno del Consejo y consejera de la Comisión Permanente del mismo organismo. Además, habla con gran admiración de su antecesor. Pero Gallardo tiene sus propias ideas sobre el rumbo que ha de tomar un órgano que ha sido cuestionado por quienes ahora gobiernan. En primer lugar, más proximidad al ciudadano –el “Consejo de las personas”, propugna–; y de otro lado, poner el dique más grueso posible para distanciarse de la política.

–¿Por qué es necesario el Consejo Consultivo andaluz? Haga su alegato...

–Es pieza clave en la defensa del Estado de derecho. Porque sirve para asentar y profundizar el sistema democrático, para defender los valores constitucionales y para defender los derechos y libertades de las personas. Se trata de un Consejo de las personas, porque preservamos sus derechos. Y luego porque velamos por la calidad de las normas. Aquí vienen a que se dictaminen los proyectos de decreto y los anteproyectos de ley y miramos con lupa. Hacemos muchas observaciones, le ponemos mucha pega ¿eh?... Cuidamos mucho la calidad de las normas. Lo que se está evitando es que muchos conflictos entre el ciudadano y la administración acaben colapsando aún más los tribunales.

–Desde su creación en 1993, el Consejo Consultivo ha ampliado sus competencias, pero ¿cree que hace falta mayor proximidad al ciudadano? 

–Absolutamente. Quiero que se conozca más por parte de los ciudadanos porque siento temor a que por desconocimiento no se utilice el Consejo. Es como el que tiene un buen coche y no lo utiliza porque no sabe conducir ni sabe para qué sirve. Lamentable. Quiero incidir celebrando cursos de formación de puertas abiertas. Conociéndolo lo utilizarán y además correctamente, porque el ciudadano no puede llegar aquí con una petición. Tiene que hacerse a través del procedimiento administrativo correspondiente.  

–¿Se podría llegar al punto de que el ciudadano acuda de forma directa al Consejo?–Sería desbordante, no podríamos hacerlo con nuestra actual estructura. Imposible. No es un órgano de asesoramiento directo. Para eso hay otras instituciones. No se puede y quizás tampoco se deba. Pero es necesario que el ciudadano lo sepa, porque si una persona no sabe que puede pedir responsabilidad patrimonial a la administración por un funcionamiento anormal de los servicios públicos, no lo pide. Si no sabe que existe la revisión de oficio, no la solicita, igual que si no sabe que existen los recursos contra una sanción de tráfico... Por eso la ignorancia es tan mala, que nos impide utilizar mecanismos que nos garantizan nuestros derechos. 

–El PP y Cs acordaron eliminar el Consultivo en su pacto de Gobierno. ¿La idea está descartada o sólo parada por la dificultad que supone el carácter estatutario de este organismo?

–Parado no, eliminado, no se va a hacer de ninguna manera. El Consejo pervive no porque esté en el Estatuto, aunque no lo estuviera sería igual. Justifica su existencia en su propia utilidad, mientras sea útil existirá. Si alguna vez deja de serlo –espero que nunca porque sería un retroceso en el Estado de derecho– entonces se cambia el Estatuto y hemos terminado, se elimina el Consejo.

"Sin Consultivo se paraliza la administración. Si un médico espera una prueba para operar y no le llega, se muere el enfermo”

–Como miembro del Consejo en el momento en que se conoció esa propuesta de desmantelarlo, ¿cómo ha vivido la inquietud de estar a lo que diga el nuevo Gobierno?

–Yo recibí la noticia con mucha sorpresa, porque consideré desde el primer momento que era imposible llevarlo a cabo, porque hubiera sido un error monumental. Porque me resulta impensable que partidos que abogan desde siempre por los derechos de los ciudadanos dieran un paso tan erróneo. Sería un retroceso. Por una parte con sorpresa, luego con inquietud, porque podría caber la posibilidad de que lo hicieran aunque se rectificara, pero el daño ya estaría hecho. Pero han sabido rectificar antes. El Consejo desempeña una labor, la función consultiva, porque así está reconocido en algunas normas de tal trascendencia que forman parte del bloque de la constitucionalidad, como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley de Procedimiento Administrativo, que es nacional. 

–¿Quiere decir que podría ser anticonstitucional eliminar el Consultivo?

–Claro, hubiera necesitado una de dos cosas, o bien inmediatamente crear otro de similares características, o bien transferirle esta competencia al Consejo de Estado. Lo que no puede ser es eliminar la función consultiva, porque lo dicen determinadas normas. ¿Quiere saber el número de dictámenes que hace al año el Consejo andaluz y cuantos hace el Consejo de Estado? Si es que son casi igual: 1.035 el estatal y nosotros casi mil. ¿Le mandamos al Consejo de Estado mil dictámenes al año? Y además, en muchos casos, mientras no se dictamine, la administración no puede hacer nada.

–¿Esa situación paralizaría las administraciones?

–Claro que paralizaría. Es como un médico que está esperando una prueba para operar y como no le ha llegado la prueba no puede operar. Pues nada, se muere el enfermo. Sería la parálisis de la administración. Los que conocemos la función consultiva, decimos que esto no puede ser... Pero lo rectificaron inmediatamente, no habían pasado dos meses y Juan Marín [vicepresidente de la Junta, de Cs] lo rectificó.

–Hablando de políticos...

–Que a mí no me gusta nada... Nada, nada, nada, lo cual es un punto a favor. Requisito básico para la buena ejecutoria del Consejo Consultivo es su neutralidad, su ajeneidad, su separación, su equidistancia con la política.

"No pertenezco a ningún grupo político. No milito. Nadie podrá decir que mi nombramiento haya sido por un color político”

–Al margen de que en el desarrollo de su labor fuera ecuánime, su antecesor nunca ocultó el color político ¿Usted prefiere ser menos transparente en esto?

–Era legítimo. No puedo decir que sea apolítica porque nadie lo es, todos tenemos nuestra ideología, pero yo no estoy significada políticamente. Yo no pertenezco a ningún grupo político. No milito, para nada. Por eso creo que no tuvo inconveniente el PSOE en nombrarme como consejera y ahora ha tenido a bien hacerme este honor el PP, pero nadie podrá decir que haya sido por un color político. Y es un punto a favor, aunque no significa que lo contrario sea un demérito. Juan Cano lo ha hecho extraordinariamente, lo diré siempre. Ha sido un ejemplo a seguir. Nunca ha interferido en los dictámenes, nunca me ha pedido especial cuidado o que revise... Y siempre se lo voy a agradecer, entre otras cosas porque jamás hubiera admitido lo contrario y hubiera sido un conflicto. Pero como nunca ha dado lugar a tal cosa, solo puedo opinar en positivo. Jamás nadie se va a encontrar un signo político en un dictamen, nunca se va a decir que se nota tal cosa. Al ver los nombres de los miembros del Consejo siempre se ven las trayectorias. A mí me tachaban de socialista por mi nombramiento. Son etiquetas que se ponen. ¿Por qué no miramos a las personas por su currículum, que es lo que exige la ley?

–¿Cree que todos los que están o han formado parte del Consejo fueron elegidos por su currículum?

–Eso ya no lo sé, habrá que preguntarle a quien los nombró. Puedo hablar de mi caso. Pero lo hacen bien además, incluso esas personas que podemos decir que como fue expresidente de la Junta... Pues lo hace magníficamente, ahí están sus dictámenes, que no se les puede achacar color político. Se hacen con una ecuanimidad exquisita. Es comprobable. También sería injusto desmerecer a alguien por haber pertenecido a un partido. A lo mejor también aportan una visión que no tenemos los que somos exclusivamente técnicos, al haberse enfrentado a la gestión. Lo percibo en los intensos debates que tenemos en la Permanente, que se enriquece. Te hace poner los pies sobre la tierra, lo que no tenemos los que nos hemos dedicado a la docencia o a la judicatura, que somos demasiado técnicos y nos falta esa visión de oportunidad, la experiencia. Nos hace falta esa visión que te la da, vamos a poner nombres, María del Mar Moreno, por ejemplo. Esa visión no la tengo yo, porque yo no he sido ni presidenta del Parlamento, ni consejera de la Junta, ni he tenido jamás un cargo político. Ella me complementa. Igual que ella confiesa que a veces los que somos catedráticos le complementamos la visión y entre todos hacemos dictámenes que salen con la aportación de todos después de un intenso debate. Cosa distinta es que lo hicieran mal o tocaran menos asuntos de los que hacemos los demás o de forma diferente. Entonces sí, porque se le achacaría falta de trabajo. 

–¿Cómo se actúa en ese caso? ¿Se les puede destituir desde el propio Consejo?

–El pleno tiene la competencia para proponer la destitución, existe un régimen disciplinario. La imparcialidad es otro requisito. Autonomía orgánica, que es la separación de la administración consultante, y funcional, que significa: fuera injerencia.

"¿Le está permitido a una administración enmendar la plana al Consultivo? Yo impondría el carácter vinculante de algunos dictámenes”

–En muchos casos los dictámenes del Consejo son preceptivos. ¿Cree que habría que dar un paso más y que fueran vinculantes, de obligado cumplimiento?

–De hecho ya lo son en algunas materias como urbanismo. No es que sea vinculante, es habilitante u obstativo, que es parecido. Si aquí se dice que un acto administrativo es nulo de pleno derecho, esa administración consultante no tiene obligación de anular el acto, podrá decidir no hacerlo, pero tiene el visto bueno del Consejo para anularla. Por eso no es vinculante, sino habilitante, porque se le está dando luz verde para hacerlo. Si el dictamen dice lo contrario, y no es nula la licencia, no solo es obstativo sino que a la vez es vinculante, porque no puede hacerlo. Nuestro dictamen tiene mucha trascendencia. En cambio, en responsabilidad patrimonial no es vinculante, puede apartarse de la indemnización que proponemos, pero nos hacen bastante caso, he de decir. 

–¿Cambiaría esa opción que tiene, por ejemplo, un ayuntamiento para apartarse de sus dictámenes?

–Si yo tuviera oportunidad de proponerlo lo haría, que sea vinculante en más de una ocasión en la que no lo es, por ejemplo en responsabilidad, porque no comprendo por qué se permite a una administración que tiene menor solvencia técnica que pueda apartarse de lo que han dicho los que más saben. Es una contradicción. El Consejo tiene carácter superior. ¿Es que le está permitido enmendar la plana a un Consejo Consultivo que está emitiendo un dictamen con motivación, análisis y sosiego? Y visto por un órgano colegiado. Como mayor garantía del Estado derecho yo impondría el carácter vinculante a algunas ocasiones. 

"Le pediría a los legisladores un poco más de sosiego. Hay legislación motorizada, porque no va andando, va en moto”

–Con cada cambio de Gobierno, hay una vorágine de cambios legislativos, más trabajo...

–Mucho más. A veces se legisla demasiado, yo le pediría a los legisladores un poco más de sosiego. Hipertrofia. También se dice legislación motorizada, porque no va andando, va en moto. Se producen demasiados cambios, no hay sosiego y a veces caen en desuso, se dictan las normas y luego no se cumplen. Y luego derogaciones parciales, llega un momento en que no sabemos lo que está vigente y lo que no. Luego hace falta un texto refundido para que nos aclare lo que está vigente. Todo eso perjudica la seguridad jurídica.

–En cambio con la Constitución parece que pasa la revés. ¿Hay miedo a los cambios?

–No es que haya miedo, es que la reforma constitucional requiere de un procedimiento muy rígido...

–Pero incluso hablarlo resulta complicado...

–Sí, porque aquello fue fruto del consenso y quizás ahora no estemos en el mejor momento porque ahora no hay consenso para nada. Lamentablemente no se llega a acuerdos. Haría falta sentarse a hablar, hablar de verdad, y teniendo altura de miras y teniendo muy claro que el interés de toda la nación es lo prioritario y dejarse de otras diferencias. El ciudadano está muy desilusionado o más bien descreído, desencantado. No sabe si puede confiar, no solo en los políticos, también en las instituciones. 

–A ese furor de hacer leyes se suma el impulso de llevar a la justicia cualquier iniciativa política...

–Nosotros estamos para poner un poco de freno a esa necesidad imperiosa que a veces sienten por recurrir las decisiones del contrario. 

–Si se llegara a aplicar en Andalucía algo como el pin parental, ¿tendrían que estudiarlo?

–Totalmente, necesariamente tendría que venir por aquí y a veces tenemos que calmar las cosas con argumentos, diciendo: pues no es tan contrario a la Constitución o es más acorde de lo que en principio parece... Aquí hacemos un análisis en profundidad, sin conclusiones apresuradas. Admito que podremos equivocarnos, pero habremos reflexionado y lo habremos hecho de forma razonada.