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El Congreso decide hoy si empieza a tramitar la retirada de la capacidad de veto del Senado al techo de gasto

Acabar con una anomalía que puede poner palos en las ruedas del Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos. Ese es el objetivo de la proposición de ley del PSOE que debatirá –y probablemente comenzará a tramitar– este martes el Congreso, una iniciativa que pretende eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobados por el Ejecutivo.

Se trata de la segunda vez que los socialistas intentan tramitar esta reforma, que supondría la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para derogar la normativa que puso en marcha el PP en 2012 –cuando contaba con mayoría absoluta en las dos cámaras– y que obliga a que el techo de gasto y la senda de estabilidad diseñados por el Gobierno sean aprobados tanto por el Congreso como por el Senado. Este procedimiento supone una rareza, porque lo habitual es que la Cámara Baja pueda levantar los vetos de la Alta si ésta los establece.

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La proposición de ley del PSOE persigue acabar con esta singularidad. De aprobarse, la senda de estabilidad del Gobierno podría ser aprobada por el Congreso aunque el Senado votara en contra. Y esto es importante de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que el techo de gasto establece la cifra máxima de inversión pública que pueden sumar las cuentas, una cuantía que en las cuentas de este año el Ejecutivo quiere elevar para abordar el crecimiento de los programas sociales y sin la cual estaría sujeto a la última aprobada: la del PP de 2018, mucho más restrictiva.

En esta legislatura, acabar con el veto del Senado no es tan fundamental para el Gobierno como en otras, ya que el PSOE puede alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta (y, por tanto, sacar adelante la senda de estabilidad y el techo de gasto) con las formaciones nacionalistas e independentistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Este año, los Presupuestos dependen mucho más de la buena marcha de la mesa de diálogo en Cataluña, que en parte determinará el voto de ERC, cuyo apoyo es imprescindible para sacar adelante las cuentas.

Pero los socialistas –conscientes de que el PP ha sido históricamente mayoritario en el Senado– quieren curarse en salud de cara al futuro para no repetir la amarga experiencia de 2018, cuando la mayoría absoluta con la que contaba el PP en la Cámara Alta tumbó el techo de gasto propuesto por el recién estrenado Gobierno de Sánchez y le obligó a diseñar unos Presupuestos para 2019 (finalmente derribados por ERC) con las líneas maestras de gastos e ingresos planteadas por el PP un año antes.

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El PSOE ya intentó derogar la capacidad de veto del Senado ese mismo año, pero la mayoría que tenían entonces PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso bloqueó su iniciativa. Ahora la situación es muy distinta, ya que la izquierda controla este órgano y muy probablemente tendrá mayoría en la Cámara Baja para iniciar este miércoles su tramitación, a la que previsiblemente votarán a favor formaciones como PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC o Más País.

En la proposición de ley, los socialistas argumentan que conceder capacidad de veto al Senado "no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución" a las cámaras, "y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España". Y Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, coincide y señala que el mecanismo actual podría ser incluso "inconstitucional", porque la Carta Magna no concede a la Cámara Alta capacidad de vetar de manera definitiva las iniciativas aprobadas por el Congreso.

Unos Presupuestos más desahogados

Además de votar este martes el inicio de la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el jueves el Congreso debatirá precisamente sobre la senda de estabilidad y el techo de gasto aprobados por el Gobierno hace un par de semanas. El Ejecutivo se ha propuesto aumentar la inversión en un 3,8% con respecto al Presupuesto de 2018, aún vigente, lo que deja un límite de gasto de 127.609 millones de euros.

Además, el Gobierno ha evitado establecer objetivos de déficit "demasiado duros" para los próximos años, para intentar que una desaceleración económica pueda perjudicar al crecimiento económico, según dijo en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo llevará al Congreso un objetivo de déficit del 1,8% para este año (frente al 1,1% que se pactó en principio con la UE) y de 1,5%, 1,2% y 0,9% para cada uno de los próximos tres años.