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El Congreso acuerda tramitar la ley del Parlamento Vasco para compensar a las víctimas del amianto

Todas las formaciones políticas del Congreso, a excepción de Vox, han respaldado este martes en el Pleno de la Cámara Baja tramitar la proposición de ley del Parlamento Vasco para impulsar un fondo estatal de compensación a víctimas del amianto.

Se trata de una vieja reclamación que por fin podría ver la luz tras años de lucha por parte de los afectados. El Parlamento Vasco aprobó en 2019 por unanimidad esta iniciativa que presentará ante los diputados con el objetivo de resarcir a los trabajadores y sus familiares. Este paso supondría que el Estado se sitúe a la altura de Francia, Alemania u Holanda que ya cuentan con esta herramienta.

La Asociación de Euskadi de Víctimas del Amianto, Asviamie, lleva años reclamando la creación de este fondo. Sobre todo por lo que supondría para las personas afectadas por este material cancerígeno. Y es que califican de «tortuoso» el proceso judicial que deben emprender los afectados. También aliviaría la situación a la que se tienen que enfrentar muchas empresas a la hora de pagar las indemnizaciones a los trabajadores afectados.

La propuesta contempla la creación de este fondo, adscrito al ministerio competente de la Seguridad Social, al que se encomienda «la reparación íntegra de los perjuicios» a toda persona que haya obtenido reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto, pero también de «toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto» en España.

Como fuente de financiación, la ley que ha llegado este martes al Congreso cuenta con las cotizaciones abonadas por los empresarios, aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, posibles transferencias vía Presupuestos, o cantidades obtenidas por subrogación.

La iniciativa ha sido presentada por diputadas autonómicas del PSOE, PNV y EH-Bildu que han recordado que esta reivindicación llegó por primera vez al Congreso desde la Cámara vasca en 2016, sin poder completar su tramitación por las sucesivas disoluciones anticipadas de las Cortes.

También han recordado la siniestralidad que provoca este material cancerígeno: 6.961 personas fallecidas por mesotelioma en todo el país desde 1999 -la mortalidad derivada del amianto se estima aún mayor-, tal y como ha expuesto Eba Blanco, diputada de EH-Bildu. Blanco ha instado a los grupos a retomar los trabajos de ponencia tal y como se dejaron en la pasada legislatura, «se centren en lo acordado y aparquen las diferencias»: «No empiecen de cero, no podemos permitirnos un nuevo retraso en esta cuestión. No sería justo con todas las víctimas», ha dicho.

Maitane Ipiñaraz, del PNV, ha destacado la vulnerabilidad de las víctimas, ante un tiempo de latencia de la enfermedad «extraordinariamente largo», lo que provoca que en el momento de reclamar algunas empresas ni siquiera existan, o sea más difícil demostrar la causalidad ante los tribunales.

Gloria Sánchez, del PSE, ha relatado que el Parlamento Vasco completó hace ya tres legislaturas esta iniciativa, siguiendo el modelo de compensación francés, «el más completo», y ha pedido a la Cámara acelerar la tramitación de esta ley «a la mayor brevedad posible».

Solo Vox ha rechazado apoyar la toma en consideración de la iniciativa, apostando por la abstención, por considerar que busca crear un «chiringuito». Además, ha puesto en cuestión que el fondo, impulsado desde el País Vasco, sea estatal: «A la hora de la verdad, la Hacienda no pone ni un duro. Han quedado muy bien, nos largan el muerto al resto de los españoles», ha dicho su diputado Emilio Jesús del Valle.

También ha cuestionado la importancia de indemnizar a las mujeres afectadas por este material tóxico fuera del ámbito laboral a la hora de respaldar las indemnizaciones «hayan cotizado o no». «Así metemos a las mujeres que tanto les preocupa que lavaban la ropa de los trabajadores que estaban con el amianto», ha dicho en este punto.

María Guijarro, del PSOE, ha señalado la importancia de este fondo para víctimas que han sufrido enfermedades por este material, pero también por aquellos que aún están por padecerlas, ya que el 40% de las 130.000 muertes que se estiman para 2050 derivadas de su exposición aún estaría por llegar.

Por parte del PP, su diputada Macarena Montesinos ha calificado de «bienvenida» la iniciativa por «atenuar el auténtico calvario que comporta la reclamación ante los tribunales», si bien ha lamentado la falta de concreción sobre sus recursos, y ha rechazado la creación de una cotización adicional a financiar por las empresas.

Por Unidas Podemos, Pilar Garrido ha lamentado la indefensión de las víctimas, obligadas a litigar años después de su exposición, destacando la concentración de afectados en comarcas con alta actividad industrial y barrios obreros. El portavoz laboral del PNV, Iñigo Barandiaran, ha destacado que la iniciativa busca «no dejar fuera a ninguna víctima, sea cual sea su fuente de contaminación», y así incluir a personas expuestas fuera de un ámbito profesional.

Es el caso de las mujeres que lavaban las ropas de los trabajadores expuestos, tal y como ha relatado en su intervención su homólogo en EH-Bildu, Oskar Matute, que ha leído una carta de la Asociación Víctimas Amianto Euskadi (Asviamie) y ha pedido un fondo para evitar los «interminables procesos judiciales» y asegurar el resarcimiento de todos los afectados.

María Muñoz, de Cs, ha recordado el testimonio del neumólogo Juan Ignacio Camargo, de la comisión de seguimiento del amianto en un juicio de afectados de la empresa Uralita, donde aseguró que, aun conociéndose su toxicidad, no se prohibió el uso de este material «por el alto coste empresarial y laboral».

Genís Boadella (PDeCAT) ha celebrado que la iniciativa permita evitar la judicialización y la falta de amparo por ausencia de pruebas, Inés Sabanés (Más País-Equo) ha apostado por una ley integral que garantice seguridad en su retirada y tratamiento, y mejore los recursos para la investigación, y Néstor Rego (BNG) ha lamentado la falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos para poner en marcha este fondo.

Un camino nada sencillo para las víctimas de Euskadi

El trabajo que emprendió en 2013 la Asociación de Euskadi de Víctimas del Amianto, Asviamie, reclamando la creación de este fondo no está siendo un camino sencillo. Después de debatirlo en el Parlamento Vasco, la cámara de Vitoria fue la primera del Estado en exigir esta medida en el Congreso de los Diputados, donde los afectados ya han registrado hasta en tres ocasiones la propuesta de ley. La última el 5 de mayo de 2019.

La primera intentona se produjo en marzo de 2017. El Gobierno de Rajoy rechazó el proyecto alegando que afectaba a los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, de nuevo tuvieron que comenzar con el proceso. En mayo de ese mismo año presentaron en el Congreso el proyecto de ley y el 10 de octubre pasó por el Pleno. Todos los grupos de la Cámara Baja votaron a favor excepto el PP, que se abstuvo. Tras esta decisión, la propuesta pasó a comisión.

En medio del debate, en mayo de 2018, se produjo la moción de censura a Mariano Rajoy. Pero el proceso continuó hasta abril de 2019 cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones. Se empezó a discutir en comisión y cuando estaba a punto de aprobarse se convocaron las elecciones. Cuando todo parecía que iba a salir bien, la propuesta quedó en nada.

Desde Asviamie tuvieron que empezar con todo el proceso por tercera vez. De nuevo el 5 de mayo de 2019 registraron la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados pero la interinidad del Gobierno de Sánchez provocó que quedara estancada durante todo este tiempo.

Con el Gobierno entre socialistas y Podemos ya en marcha, desde Asviamie esperaban que los plazos empezaran a correr cuanto antes. Pero todo se fue al traste con la pandemia del coronavirus. Ha tardado en llegar pero al final el debate de nuevo volverá al Hemiciclio.

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