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El compromiso de la Iglesia contra los abusos es «incuestionable»

La jerarquía católica cree que la obligación contraída por la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales está fuera de toda duda. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, aseguró en su discurso este lunes que tal compromiso es «incuestionable». Son palabras que cobran especial relevancia ante la aprobación hace escasos días de la 'ley de la infancia', una norma que amplía el plazo de prescripción de la pederastia. Durante la inauguración de la asamblea plenaria de los obispos, que se celebra desde hoy y concluye el viernes, el prelado hizo un llamamiento a la unidad, al diálogo social y a la «verdadera política» para que España consiga salir fortalecido de la devastación provocada por la covid.

Omella pidió que se proporcionen cuidados paliativos «dignos» como alternativa a la eutanasia, aprobada por el Congreso de los Diputados recientemente y que entrará en vigor el 25 de junio. «Los gobernantes deben destinar los recursos necesarios para asegurar unos dignos cuidados paliativos que garanticen el control adecuado del dolor a todos los que los necesiten. Asimismo, estos recursos deberían permitir a todas las personas dependientes acceder a las ayudas económicas que les corresponden. En estos momentos, esto sí es una prioridad», dijo Juan José Omella.

El arzobispo de Barcelona y cabeza visible de la Iglesia expresó su sorpresa por el hecho de que legalice la eutanasia en estos momentos, cuando la pandemia ha exacerbado la sensibilidad por los ancianos y las personas enfermas. «Ante el sufrimiento que derriba a las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y psicológica. No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables' aunque sean incurables», adujo Omella.

El dirigente eclesial apeló a las palabras del Papa, quien al principio de su magisterio argumentó que un pueblo que no custodia a los abuelos ni los respeta «no tiene futuro, porque no tiene memoria».

«Régimen del temor»

Al cabo de un año de pandemia, la realidad ha demostrado fenómenos inquietantes. «Nos ha obligado a vivir bajo el régimen del temor, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la sospecha, que ha socavado el tejido vivo de la sociedad a todos los niveles», señaló Omella. Pese a que surgen en el horizonte signos de esperanza, como la adquisición y distribución de vacunas contra la covid, Omella ve algunos nubarrones. En este sentido, apostó por una distribución igualitaria de los sueros, toda vez que el virus ha afectado a toda la humanidad. «Es de desear que también la vacuna sea un bien común que se distribuya a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres».

«Nada volverá a ser lo mismo cuando pase la pandemia», adujo el presidente de los obispos españoles, quien auguró que el mundo posterior a la covid estará «herido» por las desigualdades. «Lamentablemente, la pandemia ha acentuado los efectos de la crisis económica del 2008 y ha sacado a la luz pública muchas de las heridas que no habían cicatrizado».

Explicó que la tentación que impulsa a los poderes públicos es «poder pasar página cuanto antes». No obstante, una vez se atajen los contagios, habrá muchas personas aquejada por una situación muy crítica. «Como siempre, quienes sufren más las crisis son los más desfavorecidos, los que tienen menos oportunidades para acceder a los servicios básicos. Entre ellos, sobre todo, los refugiados, los migrantes en situación irregular, las víctimas de la trata de personas, que la pandemia ha invisibilizado». Y una parte importante de la legión de damnificados serán los desempleados y las gentes sin recursos. «En España, el paro ha aumentado y afecta a casi cuatro millones, además de los abultados ERTE, de incierto futuro. Pero los primeros en sufrir el parón de la economía han sido los 8,5 millones de personas que ya se encontraban en exclusión social antes de la pandemia».

El cardenal censuró los intentos de excluir a los católicos del debate social y dijo que a la institución no le mueve «ambición terrenal alguna». «La Iglesia no es una empresa, ni un partido político, ni un grupo de presión social, ni un 'lobby' de poder, ni se identifica con ninguna ideología de este mundo».

A escasos días de la votación en la Comunidad de Madrid, instó a la responsabilidad de los políticos y instó a que dejen de lado sus «disputas inertes». «No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común», clamó el arzobispo de Barcelona, quien defendió la necesidad de acometer reformas estructurales.

De su lado, el nuncio en España de la Santa Sede, Bernardino Auza, arguyó que el compromiso de la Iglesia contra la pederastia es firme y no puede ser puesto en duda. «Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades», remachó.

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