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El CES cuestiona la eficacia del nuevo decreto sobre vivienda protegida

Una de cal y dos de arena. Así es el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de la Región sobre el proyecto de decreto que regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de promoción privada, remitido por el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga. El informe del órgano consultivo del Gobierno regional en materia económica y social «valora positivamente» la nueva norma, pero no cree que sirva para impulsar la edificación de viviendas protegidas en la Región ni que estas beneficien a las familias más necesitadas, lo que considera «objetivos irrenunciables».

«¿Puede relanzar la promoción de vivienda protegida de nueva construcción y, además, que accedan a ella los colectivos con menores ingresos?», se pregunta el CES sobre el decreto, y la respuesta es precisa: «No es probable que, por sí misma, dicha norma vaya a conseguir tales fines».

Argumenta que, en lo esencial, el nuevo decreto apenas difiere del decreto de 2015 sobre la misma materia vigente hasta ahora, cuyo impacto en la promoción de viviendas protegidas fue nulo.

El informe del CES incorpora un estudio, con datos del Ministerio, sobre la certificación de viviendas protegidas en la Región durante las últimas décadas que revela la progresiva pérdida de importancia de estos proyectos en la actividad inmobiliaria. «En el último sexenio –apunta–, en la Región de Murcia ha habido únicamente 335 calificaciones provisionales de vivienda protegida, aunando los planes estatales y autonómicos, cantidad que representa el 0,6% del total nacional, cuando el peso poblacional se sitúa ligeramente por encima del 3%; algo menos de 50 calificaciones anuales cuando en los primeros años de este siglo se situaban en el entorno de las 3.000 y en la década de los 90 hubo ejercicios en los que se superaron las 6.000».

Por ello, y con el fin de reactivar la oferta de este tipo de viviendas, el CES «emplaza» a la Comunidad Autónoma a que adopte otras medidas, como la elaboración de un nuevo plan regional de vivienda.

El dictamen indica que, «además de la aprobación del proyecto de decreto que nos ocupa, centrado esencialmente en el régimen jurídico de calificación administrativa de viviendas protegidas de promoción privada, la situación de la vivienda protegida en la Región requiere de la adopción de otras medidas». Estas deben ir «dirigidas de una forma más directa y efectiva a la consecución del objetivo, hoy irrenunciable dada la situación económica y social existente, de incentivar la promoción privada de esta clase de viviendas y de procurar su acceso a los colectivos de personas que se encuentran con una mayor dificultad económica a este respecto».

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