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El callejón sin salida de la figura del gran tenedor de viviendas

La Ley de Vivienda del primer Gobierno de coalición de la democracia tarda en llegar. Y todo apunta a que el desarrollo de esta normativa, anunciada en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos de finales de 2019, todavía tiene muchos cabos sueltos. En el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que considera «la vivienda como derecho y no como mera mercancía», se admite el establecimiento de «un marco legal que defina los conceptos de vivienda vacía y gran tenedor de vivienda», así como «una política específica» con el fin de que «los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables».

El Covid lo paralizó todo, pero en el plano legislativo vimos aparecer por primera vez en el BOE al gran tenedor a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aludiendo a las moratorias y condonaciones totales o parciales del alquiler. En este texto se define esta figura como «la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados». Pero en estos momentos, ni siquiera el propio Gobierno es capaz de ponerse de acuerdo sobre qué es un gran tenedor. Podemos propuso recientemente reducir el umbral a las cinco viviendas, pero el PSOE es partidario de mantenerlo en diez.

Las pinceladas sobre la definición de esta figura legal que se hicieron al comienzo de la crisis abren múltiples interpretaciones. En España, los propietarios particulares superan a los profesionales. Pero sobre el volumen de mercado que acapara cada uno no hay datos oficiales. Para Felipe Martínez, presidente de Vivienda y Protección, «existe un espectro amplio de posibilidades que no queda cubierto con este modelo binario de eres o no eres gran propietario». Además, subraya un peligro potencial: «El inversor huye de populismos y de limitaciones a su desarrollo empresarial. Si el beneficio se ve comprometido, liberará activos y dejará de invertir».

El límite de inmuebles urbanos que se fijó con el Covid para definir la figura del gran tenedor fue de 10

Beatriz Toribio, directora general de Asval, va más allá y declara que «distinguir entre pequeños y grandes propietarios carece de lógica alguna, y es de dudosa constitucionalidad, porque el derecho a la propiedad privada es igual para todos». Si bien el artículo 33 de la Constitución lo deja claro, también admite que «la función social delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes». A este punto se refieren desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, partidarios de que el gran tenedor «debe tributar de una forma especial y tener una responsabilidad social. Si no, el Estado podría intervenir para evitar que especulen».

Algunas voces consideran que la constitucionalidad de esta figura es dudosa

El debate trasciende el simple baremo del número de viviendas. La localización, la superficie o la relación de propiedad podrían ser factores de decisión. Martínez aboga «un modelo ligado al resultado de la actividad, de ingresos y rentabilidad, con distintos segmentos para aplicar medidas fiscales y reconducir esos impuestos a los propósitos de vivienda pública y protección social». La dificultad radica en la obtención de datos. «Nos parecería estupendo que se invirtiera en estadísticas más precisas y transparentes», afirman desde el sindicato madrileño, aludiendo al último censo de vivienda del INE: «Los 3,5 millones de viviendas vacías no son reales, pero, aunque solo el 10% fuera válido para el mercado, sería suficiente».

El quid de la cuestión es la escasez de oferta. Toribio sostiene que, a corto plazo, «es necesario un paquete de ayudas directas de más de 700 millones para apoyar a los colectivos vulnerables». En un horizonte más largo, estima que «hay que desarrollar, con colaboración público-privada, ese parque de vivienda social y asequible que necesita España, y reforzar la seguridad jurídica». Por su parte, Martínez afirma que es «un objetivo realizable a cinco años si se establecen criterios eficientes de recalificación, urbanización y acuerdos con contratistas públicos o privados para construir las viviendas necesarias». Por contra, el sindicato es contrario a levantar nueva vivienda porque provoca «desarraigo» en los inquilinos, señalando que «tenemos un fiasco que es la Sareb. Todo lo que tiene debe pasar a ser vivienda pública, sin tener que construir, ni esperar, ni expropiar».

Intervención

La escalada de las rentas en los últimos años puso encima de la mesa la regulación de los precios del alquiler. Esta limitación ya está en marcha en Cataluña desde septiembre, aunque recurrida en los tribunales. Es un motivo de fricción constante en el Gobierno. Mientras que el ministro Ábalos niega cualquier injerencia estatal en el arrendamiento, Podemos junto con ERC, Junts, Bildu, Más País, Nueva Canarias y BNG ha presentado en el Congreso un manifiesto para que la Ley de Vivienda regule los precios y exija a los grandes tenedores reservar al alquiler social parte de sus propiedades.

Lo que para el sindicato es un asunto de «valentía política», para Asval «puede dar lugar a una gran litigiosidad, ya que los propietarios afectados podrían reclamar responsabilidades patrimoniales y económicas». Igualmente, Martínez puntualiza que «el gobierno, en vez de buscar soluciones, delega en los propietarios la responsabilidad de su gestión».

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