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El calendario electoral endiablado al que se enfrenta Cataluña tras la decisión de Torra

El anuncio realizado este miércoles por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de disolver el Parlament y convocar elecciones una vez aprobados los Presupuestos enreda aún más la situación política catalana, que vivirá un calendario diabólico con diversos escenarios hasta que el proyecto reciba el beneplácito de la Cámara y se acabe con la interinidad que se vive desde 2017, cuando se aprobaron las últimas cuentas. Las elecciones, según los planes de Torra, no podrán celebrarse antes de finales de mayo. Estos son los principales factores a tener en cuenta.

Los detalles de la tramitación. El Reglamento del Parlament de Cataluña establece (art. 131) una tramitación específica del proyecto de ley de presupuestos que aprobará hoy el Govern, de manera que tiene "preferencia" sobre otros trabajos parlamentarios. Una vez admitido el proyecto por la Mesa del Parlament, se abren dos períodos de enmiendas que empiezan al mismo tiempo: uno de diez días naturales como mínimo para presentar enmiendas a la totalidad y otro de no menos de 20 días para presentar enmiendas al articulado y los estados de gastos.

Admitido el proyecto, la Mesa ha de habilitar en el plazo de siete días al terminar la presentación de las enmiendas a la totalidad para que cada consejero comparezca en la comisión correspondiente para explicar el contenido de las cuentas. Las enmiendas que se presenten y que comporten aumento de crédito en algún concepto solo se admiten si se propone una bajada de igual cantidad en los gastos.

Las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos comportan el retorno del proyecto y se han de discutir en el Pleno antes de empezar la discusión en la comisión. La aritmética parlamentaria tras el pacto de Junts per Catalunya, Esquerra y los comunes hace prever que estas enmiendas serán rechazadas. Después queda el debate de totalidad de las secciones presupuestarias, que se hace en comisión, en aplicación de lo que decida la Mesa y la Junta de Portavoces. Si tampoco prosperas, la tramitación continúa. Hasta que no concluyen los debates a la totalidad, tanto en el Pleno como en la comisión, no se inicia el debate detallado del articulado en la comisión competente. Las enmiendas que sean rechazadas pueden reservarse y volverse a llevar al Pleno, que es donde se realiza la última deliberación antes de la votación final.

Toda esta tramitación parlamentaria se puede acelerar si la Mesa acorta los plazos de convocatoria de las comisiones, pero fácilmente pueden transcurrir tres meses hasta que se produzca la votación final en el Pleno. La ley no entraría en vigor y se demoraría al menos otro mes si algún grupo parlamentario lleva el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, con lo que los Presupuestos no podrían aprobarse definitivamente hasta mediados o finales de mayo.

Convocatoria de elecciones. Cuando se van a cumplir 40 años de las primeras elecciones autonómicas, Cataluña sigue sin tener una ley electoral propia por la incapacidad de los partidos para aprobarla, con lo que la convocatoria de elecciones se rige por una ley de ámbito español: La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la misma que se aplica para convocar elecciones generales o municipales. El artículo 42.2 de esa ley establece que "los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria". Es decir, 54 días después del anuncio y si no se aceleran los plazos de tramitación de los Presupuestos en el Parlament, la fecha escogida para que los catalanes vayan a las urnas podría ser en el mes de julio. El Estatuto de Autonomía (art. 75) prevé que la convocatoria puede hacerse entre los 40 y 60 días posteriores a publicar el decreto, pero nunca se ha incumplido el plazo de 54 días de la LOREG.

Pendientes del Tribunal Supremo. Quim Torra ha anunciado que será él quien convoque elecciones, pero el Tribunal Supremo se puede interponer en su deseo. El próximo 3 de febrero vence el plazo para que el presidente de la Generalitat interponga recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a 18 meses de inhabilitación por colocar una pancarta a favor de los presos. Si se produjera esa sentencia, Torra dejaría de ser presidente y el Parlament debería elegir un sustituto. Mientas tanto, ocuparía el cargo el vicepresidente Pere Aragonès. 

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