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El año de la lechuza: Christine Lagarde revoluciona el papel del BCE en solo doce meses de mandato

Christine Lagarde llegó a la presidencia del BCE advirtiendo que no sería ni halcón ni paloma, en referencia a las dos tradicionales facciones de ortodoxos y relajados en el seno del emisor europeo. Ella misma se definió como lechuza, dando a entender que constituiría una especie diferente, sin dejar de ser un pájaro. Se declaró rapaz nocturna de vuelo silencioso, queriendo quizá asociarse a la Atenea de la mitología griega, sabia y mediadora en los conflictos, pero abriendo también la puerta a asociaciones con las artes oscuras, que relacionan a la lechuza con los procesos mágicos de transformación. El hecho es que le han bastado sus primeros doce meses en el cargo para darle la vuelta al estatuto de la institución. La revolución Lagarde no ha hecho más que empezar y al BCE no lo reconocen ya ni los padres fundadores.

Llevaba apenas días sentada en el sillón cuando anunció una revisión de la estrategia, que terminará al final de este año y con la que se deshará de la presión que supone el mandato fundacional al que se debe: mantener la inflación ligeramente por debajo del 2%. Denominó a este objetivo su «misión». Dentro de esa revisión, además, el BCE también está modificando la forma en que se calcula la inflación, que en la actualidad incluye de forma sesgada el mercado de la vivienda. El IPC computa el precio de los alquileres, por ejemplo, pero no el coste de pagar una hipoteca, lo que supone hacer una distinción entre inquilinos y propietarios. «No queremos dejar cabos sueltos», fueron sus palabras al respecto.

Pero estos cambios, de por sí muy significativos para el diseño original de la institución, pensada a imagen y semejanza del Bundesbank alemán, quedan en meros tecnicismos en comparación con las alas desplegadas justificándose en la pandemia. Lanzó un programa de compra de deuda de 1,35 billones de euros, de los que hasta ahora se han comprometido unos 590.000 millones, con los que respiran artificialmente Estados y grandes empresas europeas, pero cuya llegada a la economía real sigue siendo dudosa a la luz de los datos de crecimiento de PIB de este año, al igual que le ocurrió a los programas de su antecesor Draghi, a los que ha dejado pequeños y que no lograron proteger el empleo ni en cantidad ni en calidad durante la anterior crisis.

La conversión más relevante, sin embargo, es la que afecta a una ampliación de su ámbito de actividad, que desborda abiertamente el estatuto. Esta misma semana ha iniciado una gira de «escucha» pública, involucrando por primera vez a la sociedad civil para hacer el BCE «más sensible a los desafíos sociales». Ha proclamado reiteradamente su intención de volcar el poder de la institución monetaria en la lucha contra el cambio climático, un objetivo loable que, sin embargo, no figura en su mandato. También se propone «fomentar la inclusión, llegar a la sociedad civil y empoderar a las mujeres».

Estas intenciones contrastan con la tradición de una institución profundamente tecnocrática, atenta solamente a los bancos y a los mercados financieros y que no llegaba más allá de las jornadas de puertas abiertas. «El euro es la moneda común de todos los ciudadanos de la Eurozona, es su bien común, y nosotros somos los custodios de ese bien», ha dicho Lagarde durante un evento celebrado el miércoles en Frankfurt en el que debatió con docenas de organizaciones no gubernamentales. Aparentemente, quiso embellecer con una capa de pintura verde una nueva lluvia de «bonos verdes», pero las ONG invitadas criticaron su política, por «utilizar herramientas contundentes que benefician desproporcionadamente a los ricos y llegan demasiado despacio a la economía real». «Equivale a tratar de reponer el océano vertiendo agua en la cima del monte Everest», dijo Martin Schmalzried, de la asociación Coface Families Europe.

En una entrevista concedida a Le Monde, Lagarde ha presumido de haber salvado, solo este año, un millón de empleos en Europa, inmiscuyéndose así en una responsabilidad que corresponde más bien a los poderes ejecutivo y legislativo, votados por los ciudadanos, que al poder monetario. Y además ha pedido abiertamente a la UE que convierta en «permanente» el Fondo de Reconstrucción, negociado en julio y acordado bajo la expresa premisa de constituir una herramienta «excepcional» y de «aplicación única», a causa de la pandemia. Con sus palabras ha abierto un debate que corresponde a los gobiernos europeos, mostrando un activismo y un grado de implicación política nunca vistos hasta ahora en la historia de la entidad. Ni Duisenberg, ni Trichet, ni siquiera Draghi osaron llegar tan lejos. Y, casi sin tomar aliento, Lagarde ya está preparando una nueva actuación en diciembre, nuevos estímulos que, según fuentes del BCE, «conseguirán más fácilmente apoyo unánime en la última reunión del consejo del año».

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