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Cs lamenta que el decreto catalán sobre la planificación educativa obvie la obligación de dar un 25% de español

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) lamenta que el nuevo decreto de admisión de alumnado, aprobado la pasada semana por la Generalitat y que establece las pautas para la planificación de la oferta educativa en Cataluña, ignore las alegaciones que la formación presentó en febrero de 2020, cuando arrancó la tramitación de la normativa, en las que exige que se cumpla «la obligación legal de impartir al menos un 25 por ciento de las asignaturas en castellano en todas las aulas catalanas».

Así lo establecen varias sentencias judiciales y lo subraya el fallo del pasado diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que extiende, por primera vez, esa obligatoriedad de impartir más castellano a todo el sistema educativo. «El texto aprobado la semana pasada no incluye ninguna alusión a que la ley dicta que se imparta un mínimo del 25% de las clases en castellano», denuncia Ciudadanos en declaraciones a ABC.

En su escrito de alegaciones la formación naranja reclamaba «la revisión e inclusión en el mencionado decreto de la regulación y las medidas administrativas necesarias para para garantizar de manera proactiva una oferta educativa que asegure para todos los alumnos una enseñanza que incluya el español como lengua vehicular, en proporción razonable y que permita una presencia mínima de la misma en, al menos, un 25% de las horas efectivamente lectivas en materias no lingüísticas en cumplimiento de la legislación básica estatal recogida en la Ley Orgánica de Educación». La reclamación de Cs ha tomado más fuerza, según apuntan, «tras la contundente sentencia del alto tribunal catalán del pasado diciembre».

«El Govern sigue sin respetar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a recibir enseñanza también en castellano. Es inadmisible que desprecie así la Justicia y, sobre todo, que pisotee de esta forma los derechos de los ciudadanos. Y todo para seguir excluyendo de las aulas el castellano, que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Es un auténtico atropello», señala el diputado Nacho Martín Blanco.

Recuerda que Cs ya denunció en su día algunos olvidos del decreto. «Presentamos alegaciones a ese decreto, pero como de costumbre hizo caso omiso. Entre la actitud contumaz de la Generalitat y la posición del Gobierno con su ley Celaá los ciudadanos de Cataluña vemos conculcados una vez más nuestros derechos lingüísticos. Lo que pasa en España con la exclusión del castellano en comunidades como Cataluña no tiene parangón con ningún otro país de nuestro entorno democrático. Es una vergüenza», concluye el diputado.

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