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Coartada imperfecta

No hay mármoles ni terciopelos ni estatuas isabelinas. Todo es funcional, moderno y austero en el edificio de la Audiencia Nacional, situado a casi 20 kilómetros del centro de Madrid, en el polígono industrial de San Fernando de Henares. La construcción, rodeada de una verja de hierro, parece la popa de un barco varado en medio de un paisaje desolado. Una gigantesca nave vacía linda con la sede del tribunal, encajonado entre fábricas y almacenes del siglo pasado.

El viento gélido del norte hacía apurar el paso a los abogados, los periodistas y el público, que corrían al vestíbulo en busca de refugio. Eran las diez de la mañana cuando la magistrada Concepción Espejel abría el juicio contra el mayor Trapero y otros tres miembros de la cúpula de Interior y los Mossos, más de dos años después de la consulta y la declaración unilateral de independencia que provocaron la actuación de la Justicia.

El Trapero que se sentó ayer en el banquillo no era el mismo que hace cuatro años cuando tocaba la guitarra y entonaba las canciones de Serrat en amor y compaña de Puigdemont y Pilar Rahola a la sombra de los pinos en Cadaqués. No, hoy es un juguete roto de un independentismo que le ha vuelto la espalda y que le considera un traidor, que no le perdona que haya montado su estrategia de defensa a costa de poner en la picota a sus jefes políticos. Pero este hombre, que vestía de traje oscuro y nunca pierde el aplomo, sabe perfectamente lo que está en juego en este juicio. Y su objetivo es obtener una absolución, aunque la soga se apriete sobre el cuello de otros.

Trapero fue el primero en declarar y el interrogatorio del fiscal Carballo, que continuará hoy, duró toda la jornada. El fiscal llevaba muy bien preparadas las preguntas e intentó acorralar al jefe de los Mossos, que, como ya demostró en su comparecencia como testigo en el Supremo, había estudiado meticulosamente las respuestas para no incurrir en contradicción. Lo que dijo ayer fue lo mismo que lo que dijo entonces.

En síntesis, su versión es que no sólo obedeció las instrucciones de la Fiscalía y de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar la consulta del 1 de octubre sino que, además, advirtió a Puigdemont, a Junqueras y al consejero Forn de que su celebración acarreaba un grave riesgo para la seguridad ciudadana. El jefe de los Mossos se volvió a presentar como un fiel servidor de la legalidad y de la Constitución, que en ningún momento titubeó a la hora de cumplir con su deber.

Por el contrario, el fiscal intentó ponerle frente a su gran contradicción: que los Mossos no hicieron nada para evitar los preparativos de la consulta, que no desalojaron a las familias que ocuparon los colegios, que se mantuvieron pasivos a lo largo de la jornada y que incluso vigilaron y estorbaron a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Dos versiones contrapuestas, dos relatos incompatibles sobre los que se tendrán que pronunciar los tres jueces del tribunal tras escuchar a más de cien testigos.

«Los políticos dijeron muchas cosas y se comprometieron a otras. Pero a mí no me vinculan sus palabras. Yo tenía claro cuál era mi deber y así lo hice constar», afirmó Trapero, que aseguró que había tenido duros enfrentamientos verbales con sus superiores y que siempre había mantenido que los Mossos obedecerían a los jueces y que harían valer la Constitución.

A diferencia del proceso en el Supremo en el que Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Cuixart optaron por una defensa política que cuestionaba la legitimidad del tribunal, Trapero ha optado por moverse dentro de los límites que ofrece el Código Penal, sin el menor atisbo de desacato a la autoridad de los magistrados ni lo que representan.

Dicho con otras palabras, Trapero intenta convencer a los jueces de que hizo todo lo posible para defender la legalidad y que colaboró con la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar el desafío al Estado, aunque ello no fue posible por la falta de medios humanos y por la mala coordinación con esas fuerzas. Y también porque, según sus palabras, le sorprendió «la virulencia» de las personas que impedían el paso en los colegios.

Trapero no sólo se presenta como un inocente sino además como una víctima de unos dirigentes fanatizados, que estaban empeñados en desobedecer la ley y que no les importaba que hubiera violencia en la calle porque eso favorecía sus fines.

Salvando las distancias históricas, su estrategia de defensa recuerda a la de Albert Speer, el confidente de Hitler y ministro de Armamento, en el proceso de Nüremberg. Reconociendo su responsabilidad y sus errores, Speer señaló que advirtió a Hitler de las terribles consecuencias de sus decisiones, que boicoteó sus órdenes expresas para destruir puentes, vías e instalaciones industriales, que planeó asesinarle con gas tóxico en el bunker y que se alineó con algunos generales para neutralizar sus planes criminales.

Aunque los jueces rusos querían imponerle la pena máxima, el resto del tribunal consideró que esa actitud atenuaba su culpabilidad. Le condenaron a 20 años de reclusión, que cumplió en Spandau. La sentencia aseveraba que «fue uno de los pocos hombres que tuvo el coraje de decirle a Hitler la verdad» y que logró evitar un enorme daño a la infraestructura del país al «desobedecer la política de tierra quemada, corriendo un grave riesgo personal».

A esto es lo que aspira Trapero: a que le reconozcan que si él no hubiera estado al mando de los Mossos, los acontecimientos hubieran transcurrido de una manera mucho más trágica. Y a que quede constancia en este juicio de que él hizo lo posible para que no hubiera violencia tras la imposibilidad de cumplir el mandato judicial. No se trata de negar el mal, sino de dejar patente que lo combatió.

No está claro si el tribunal va a creer esta coartada imperfecta, pero al menos es una coartada, algo que no fueron capaces de construir los abogados de los líderes independentistas, que acabaron el juicio del Supremo con un «lo volveremos a hacer». Trapero ha renunciado a su condición de héroe para salvar su humanidad.