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Cierra el 10% de las escuelas infantiles privadas tras la caída por el Covid del 40% en la matriculación

Cero a tres años

Patronal y sindicatos se alían para denunciar "la situación crítica" de los centros que educan a niños de cero a tres años

Escuela infantil de Vitoria, cerrada por el Covid.
Escuela infantil de Vitoria, cerrada por el Covid. ANTONIO HEREDIA

5.500 escuelas infantiles privadas de cero a tres años, 50.000 profesores y trabajadores de la enseñanza y 250.000 alumnos se encuentran "en una situación crítica" desde hace meses debido a la irrupción del Covid-19 y a la falta de medidas por parte del Gobierno. El 10% de los centros ha tenido que echar el cierre desde el inicio de la pandemia porque las matriculaciones han descendido un 40%, de media, debido al miedo a los contagios en esta etapa educativa no obligatoria.

Las organizaciones empresariales y sindicales que ostentan el 100% de la representatividad de este sector han establecido una alianza insólita que les ha llevado a denunciar de forma conjunta que son "el eslabón más débil y desprotegido de todo el sistema educativo español".

Las patronales Acade, Cecei, EyG, Cece, Fcic y Salvem 0-3, así como los sindicatos CCOO, UGT, FSIE y USO, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez "la aplicación de forma urgente de actuaciones que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo" en una etapa que la OCDE ha considerado que mejora el rendimiento futuro de los alumnos.

También reclaman "la implementación de ayudas económicas extraordinarias que eviten el cierre de los centros de educación infantil privados" y advierten de "las gravísimas consecuencias que tendría la desaparición de un sector educativo, y la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en su mayoría femenino, joven y cualificado".

El sector ya se encontraba mermado por la caída de la natalidad y por "la aparición de competencia desleal de centros autorizados y no autorizados", como las llamadas "madres de día" y ludotecas, que vienen denunciando a los ayuntamientos y comunidades autónomas desde hace una década "sin que dichas administraciones tomen medidas al respecto".

Este curso, las matriculaciones han descendido un 40% de media en todo España -en algunos lugares de Madrid ha llegado hasta el 80%- debido a que, como no se trata de una etapa educativa obligatoria, muchas familias han optado por dejar a sus hijos en casa, parte por miedo al contagio y también por la generalización del teletrabajo.

En opinión de los sindicatos y la patronal, el Gobierno no está ayudando. ¿Por qué? Porque el real decreto 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo les ha dejado fuera de las exoneraciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social a este sector. "Esta cuestión es de una extrema importancia", denuncian, "pues no es comprensible que se tengan en cuenta solamente criterios económicos en cuanto al PIB y se haga caso omiso a la dramática situación de otros sectores, que, como el de los centros privados de educación infantil, realizan una importantísima labor educativa y social, y que además, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral".

Además, los firmantes censuran el proyecto de gravar con el IVA los servicios que prestan los centros de educación infantil privados, un 21% que supondría "un encarecimiento inasumible de este servicio para las familias, lo que, en la práctica, comportaría la desaparición de los centros y la consiguiente destrucción de empleo".

Juan Santiago, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de España (Acade), denuncia que, si se pone en marcha esta medida, "las consecuencias serían tremendas".

También recuerda que "no ayuda" la ley Celaá, pues "no reconoce el artículo 27 de la Constitución, que establece la libertad de elección de centro para las familias". Esta reforma educativa prevé aumentar la oferta pública de educación infantil de cero a tres años. "El presidente del Gobierno ha dicho que se van a crear 60.000 plazas públicas. Si se crean esas plazas, eso significará la muerte del sector privado", advierte.

Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, apunta que "en la prórroga de los ERTE el ámbito educativo no ha sido incluido", lo que va a generar más pérdida de empleos en un sector formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera.

Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, achaca también a la "ausencia de ayudas para el comienzo de curso y al desinterés de las administraciones" el "progresivo movimiento de asfixia" que sufren estos centros, que sufren una "situación de desprotección tanto de las entidades titulares como de los trabajadores" que se ha agravado durante la pandemia.

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