“Lo que hay que hacer no es una reforma legal, sino dar una respuesta rápida, y es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Se hizo con la Ley de Enjuiciamiento Civil en el 2018, y se ha hecho ahora con el protocolo de actuación aprobado desde el Ministerio del Interior, en coordinación con la Fiscalía general de Estado, que mejora la respuesta ante okupaciones”, ha explicado el titular de Justicia .

Por tanto, no se trata de alarmar con los datos, ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2017, se produjeron un total de 6.757 condenas de adultos por delito de usurpación, no de allanamiento; y en 2018, un total de 6.028. “Es decir, 700 menos”, ha puntualizado Campo. Y ha dado otro dato: el fenómeno de la ocupación afecta casi en un 80% a viviendas de grandes grupos inmobiliarios o a bancos.

“Es un fenómeno con múltiples aristas. No metamos en el mismo saco ni el tipo de delito ni el perfil de las personas que lo cometen. Tampoco el perfil de las personas afectadas”, ha zanjado el ministro de Justicia la pregunta del Grupo Vox sobre el fenómeno de la okupación.

Por otro lado, Campo ha puesto en valor el proyecto del Gobierno para los próximos 10 años en el ámbito de la Justicia, así como el trabajo ya realizado durante estos meses de pandemia, en respuesta a otra pregunta del Grupo Popular sobre la situación de este sector.

Sobre la situación de la Justicia, Campo ha recordado que “tenemos un proyecto, Justicia2030, que empieza a ser una realidad, gracias al esfuerzo de todos los actores implicados”, quien ha aprovechado para agradecer de nuevo el apoyo recibido por la mayoría de los grupos políticos a la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, aprobada la semana pasada en el Congreso.

Aunque el ministro de Justicia ha recordado al Grupo Popular que también sería positivo para el buen funcionamiento de la Justicia y de la valoración positiva de los ciudadanos que acordasen la renovación de los órganos constitucionales.

Del mismo modo, según el ministro de Justicia, “lo que la ciudadanía quiere en estos momentos es cogobernanza”, que es lo que se está haciendo para llevar a cabo Justicia 2030, un plan que revierte en una Justicia mejor, donde la tutela judicial sea más efectiva para el ciudadano.

Campo destacó la necesidad de una Justicia eficiente, que atienda a la necesaria cohesión territorial y a la diversa realidad demográfica. Con tres pilares: las oficinas de justicia en los municipios, la oficina judicial y los tribunales de instancia.

Por otro lado, destacó la imprescindible digitalización de la Justicia, “una asignatura pendiente”, así como la accesibilidad, entendida como supresión de barreras lingüísticas, físicas y procesales.