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CaixaBank: fusiones en la tercera fase

La fusión entre CaixaBank y Bankia culmina una larga aspiración de la cúpula de la entidad catalana, encabezada por Isidro Fainé, el actual presidente de la Fundació La Caixa. Pero, como que el objetivo se ha alcanzado casi una década después del primer intento maduro, su significado es diferente del que habría sido entonces.

Cuando, en el 2010, Fainé, entonces presidente de La Caixa, inició las negociaciones con Rodrigo Rato, presidente de CajaMadrid y luego de Bankia, ambas entidades eran aún cajas de ahorro. Al año siguiente, eso ya había cambiado. Aunque las dimensiones de las dos entidades eran parecidas, Bankia tenía un balance algo mayor, el banco creado en torno a la antigua CajaMadrid estaba ya tocado de muerte. En aquellas negociaciones, los responsables del banco catalán llegaron a plantearle al Gobierno que para cerrar la operación, el Estado debería aportar más de 15.000 millones de euros para cubrir los agujeros de la entidad madrileña. La espantada de Rato, abandonando las negociaciones, no permitió entrar en detalles. Pero la debilidad del banco pilotado por el exvicepresidente del Gobierno del PP era evidente. En términos territoriales, se podría decir que las finanzas catalanas estuvieron a punto de ganar por goleada a sus tradicionales rivales. No pudo ser.

Quienes esperaban un palco de sabor local y figuras rutilantes en el consejo tendrán dificultades para interpretarlo

Diez años más tarde, la operación ha cuajado. Pero es muy difícil leerla en los mismos términos. Las cajas de ahorro han sido borradas del mapa, la mayoría de ellas quebradas, intervenidas o absorbidas. Las pocas que resistieron la crisis, encabezadas por La Caixa, tuvieron que transformarse en Fundaciones bancarias, las accionistas ahora de los bancos. Están tuteladas por el Ministerio de Economía, pero en sus relaciones con los bancos, el ojo escrutador está en Frankfurt, sede del Banco Central Europeo (BCE) donde las consideran entidades extrañas, ajenas a la lógica de propiedad y de beneficio del capitalismo. Mucho recelo.

La desaparición de las entidades de ahorro supuso el fin del llamado “modelo catalán de cajas” , en referencia a la decena que operaban en la comunidad. Una red comarcal, vinculada al territorio y que, además de financiar a pymes y familias (al final, montañas de promociones inmobiliarias e hipotecas impagadas) articulaba a través de sus obras sociales la vida cultural y asistencial de las ciudades medias de Catalunya. La Caixa y el Sabadell, el único banco, jugaban en la liga de los grandes de España.

No era un sistema financiero o bancario catalán. No tenía ni legislación financiera propia, ni banco central, ni regulador exclusivo, ni mecanismo de garantías, formaba parte del sistema financiero español.

Ana Jiménez
Ana Jiménez (Ana Jiménez)

La administración de la Generalitat disponía de competencias, a través de la ley catalana de cajas, en los procesos de elección de la asamblea general, el consejo y el director general y el presidente. También tutelaba las finanzas y el cumplimiento de las obligaciones de la Obra Social. Finalmente tenía potestad para acompañar a los inspectores del Banco de España, con los suyos propios.

Después, en el 2014, cuando la crisis ya había barrido ese “modelo catalán de cajas”, una comisión de investigación del Parlament, se autoexculpó de cualquier responsabilidad local y apuntó exclusivamente a los gestores de las entidades y la negligencia de los reguladores, estatales, claro está. La administración catalana no merecía el más mínimo reproche ni una revisión crítica sobre su proceder, la forma en que había ejercido, en realidad por qué no lo había hecho, sus competencias.

Aún hubo más cambios. El negocio bancario mudó completamente. Primero fue la crisis financiera, luego el descenso a terreno negativo de los tipos de interés y el traspaso de la regulación y la supervisión de los bancos al Banco Central Europeo (BCE). Ahora, la pandemia del coronavirus a la espera de la nueva morosidad. Y los vientos de los tiempos, los de los reguladores y las contradicciones y dificultades del negocio, exigen concentración y volumen.

Por el camino, la tercera fase de los cambios, la crisis política y el pánico financiero de octubre del 2017. CaixaBank y Sabadell cambiaron de sede social y fiscal. “Para salvar el banco”, le explicaron los banqueros catalanes a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en aquellos días president y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente. El primero se fue a Valencia, donde el viernes tuvo lugar la presentación del acuerdo de fusión a la prensa. Una elección que, más allá de la formalidad, las dos entidades tienen su sede en esa ciudad, expresa el cambio de perspectivas.

La entidad catalana toma el control, absorbe a Bankia, pero la lectura territorial debe ser forzosamente más matizada de lo que habría sido una década antes. No hay goleada. Una vez la pasta ha salido del tubo, ya no se puede volver a guardar.

El nuevo consejo refleja esa transformación de la realidad. Un presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que fue de Neguri, acabó como interventor en nombre y representación del Estado y ahora entrega la pieza al financiero catalán, que aspira a construir el gran banco, líder, español. Un consejero delegado, que vive y trabaja en Catalunya, cuyo perfil se define por su labor técnica. Quienes esperaban un palco con sabor local y figuras rutilantes en el nuevo consejo, tendrán dificultades para interpretarlo.

Esta es la foto ahora. Los cambios siguen. La posición en el ranking y el tamaño son referencias relativas. La Fundación bancaria, una especie extraña para los guardianes del templo de las finanzas, irá palpando qué papel le dejan jugar en el futuro. Y sin olvidar que el negocio bancario, como tantos antes que él, avanza hacia un modelo de gestión anónima y automatizada de cada vez más grandes cantidades de dinero.

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