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Bruselas niega que haya pedido a España reformar el delito de sedición

El Gobierno tiene decidido completar la reforma de los delitos de sedición y rebelión antes de final de año. Ante las críticas, desde el Ejecutivo insisten en mirar a Europa, en comparar el código penal español con el del resto de países europeos. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia español, insistió en una entrevista la semana pasada en que había una obligación en “hacer esa revisión como país democrático en un entorno europeo y que tiene que armonizar esta cuestión por exigencias europeas”.

Pero no existen tales exigencias. Lo ha asegurado este martes el Ejecutivo comunitario, que ha señalado que “las posibles reformas del Código Penal son competencia de los Estados miembros”. “No ha habido recomendaciones de la Comisión en este caso, es una competencia de los Estados miembros”, ha insistido Christian Wigand, portavoz de la Comisión Europea para asuntos de Justicia.

Campo tranquilizó a Reynders insistiendo en que cualquier reforma del CGPJ estaría en línea con la Comisión de Venecia

El contacto entre los equipos de Campo y los del comisario de Justicia Didier Reynders son habituales. El ministro y el comisario mantuvieron una conversación la semana pasada en la que se volvió a tratar el asunto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que había hecho saltar las alarmas en Bruselas y obligó al Ejecutivo comunitario a dar un toque de atención al Gobierno. Campo tranquilizó a Reynders insistiendo en que cualquier reforma del Poder Judicial estaría en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Tampoco se hizo referencia a la necesidad de reformar dichos delitos en el informe de Estado de Derecho que la Comisión Europea publicó en septiembre y en el que se hacía hincapié en la urgente necesidad de renovar el CGPJ, una petición que impulsó el intento del Gobierno de reformar el órgano aligerando las mayorías necesarias.

En el asunto de la reforma del delito de sedición el Gobierno ha hecho referencia a Europa en varias ocasiones. Algunas veces de forma directa, como Campo cuando aseguró que era una cuestión de “exigencias europeas”, y en otras ocasiones de forma indirecta. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, aseguró también que Europa había enviado “un mensaje”.

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Es la interpretación que se hace de los distintos fracasos cosechados con la euroorden en el intento de que distintos Estados miembros entregaran a España a los líderes independentistas huidos a otros países europeos en los que no existe un equivalente claro del delito de sedición. Fracasó en el Reino Unido, fracasó en Alemania, y también fracasó en Bélgica. Esa cadena de “noes” hicieron a muchos plantearse hasta qué punto el Código Penal español estaba adaptado al marco europeo. Y es precisamente a ese aspecto al que se refiere en ocasiones el Ejecutivo español.

La euroorden está precisamente creada para hacer frente a las divergencias entre los distintos Códigos Penales, que son competencia de los Estados miembros, e incluye 32 delitos que permiten la entrega automática. Este mismo martes la comisión de Libertades Civiles ha aprobado un informe en el que pide reformar la euroorden ampliando la lista de delitos e incluyendo “crímenes contra la integridad constitucional de los estados miembros cometidos usando la violencia”.

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