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Acuerdan la condena para los acusados de usar contratos falsos para cobrar el desempleo en Málaga

La Fiscalía de Málaga y los acusados de confeccionar o utilizar contratos falsos relacionados con la construcción y puesta en servicio de un edificio en la capital para cobrar el desempleo han llegado este lunes a un acuerdo de conformidad entre las partes que conlleva la condena de los procesados.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, apuntando que los procesados han reconocido los hechos por los que eran acusados y ellos y sus defensas se han mostrado conforme con la modificación de las penas que el ministerio fiscal solicitó inicialmente.

Según la acusación, tres de los procesados eran los supuestos cabecillas, mientras que los 17 restantes eran en su mayoría familiares de los anteriores, a los que se les hicieron los contratos presuntamente simulados, previo pago, que presentaron en organismos oficiales para obtener las prestaciones.

Así, para estos principales acusados, que eran los que realizaron los contratos falsos a través de una empresa, se ha acordado la imposición de una pena de dos años de prisión por un delito de falsedad en concurso con otro de fraude de prestaciones, han apuntado las fuentes.

Para los demás, se han acordado penas que oscilan entre los tres meses de prisión --para los cuatro que desde el principio de la instrucción reconocieron los hechos-- y un año y nueve meses de cárcel, y multas que van desde los cuatro a los seis meses con cuotas de seis o diez euros diarios, según el caso.

Así, se ha tenido en consideración que han devuelto todo o parte de lo que obtuvieron indebidamente en cuanto a prestaciones a raíz de presentar los contratos y que la causa estuvo más de dos años paralizada.

Han faltado tres de los acusados por distintos motivos, pero respecto de ellos se han hecho un escrito separado de conformidad a la espera de que lo ratifiquen cuando el Tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga les llame.

Según la acusación, los supuestos empleados acusados podían cotizar tras las altas en la Seguridad Social basadas en esos contratos falsos. Para realizarlos, los tres procesados principales utilizaban una empresa que figuraba como empleadora de "un sinnúmero de trabajadores a pesar de carecer de actividad empresarial, no disponiendo de local".

La inspección corroboró que la obra del edificio con la que están relacionados los contratos finalizó en 2011 "sin que desde entonces existiera el menor indicio de que se realizara ninguna actividad", señalando que hasta 2017 había generado una deuda con la Seguridad Social de 209.849 euros por "no haber pagado ni un céntimo por las altas fraudulentas que hacía".

Así, la acusación señala que uno de los procesados era "quien de facto realizaba los contratos falaces", casi todos a familiares; pero "sin aparecer formalmente como empleador para dificultar su identificación", de forma que presuntamente figuraba su pareja sentimental, "con plena connivencia" de ella. Asimismo, el tercer acusado principal realizaba las altas en la Seguridad Social.

Consiguieron 130.800 euros

Según relata el ministerio público, los supuestos simulados eran, entre otras categorías, de peón o personal de limpieza, y los trabajadores los presentaban para tener días cotizados y así poder percibir una prestación "que no habrían percibido sin este fraude". Debido a ello, los acusados "lograron obtener de la Seguridad Social la cantidad de 130.800 euros".

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