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96 de los 710 pisos adquiridos por Colau están vacíos y pendientes de reforma

En su cruzada por aumentar el pírrico parque público de vivienda que se encontró, en su primer mandato, Colau compró mucho. En muchas ocasiones, pisos que no eran precisamente un chollo. Una inversión de unos 75,5 millones gastados en comprar y rehabilitar (en este segundo apartado las cifras son una estimación, como siempre que se habla de obras) 710 viviendas, 179 de las cuales requerían ser íntegramente remodeladas. Fincas de aquellas que se definen como de alta complejidad (tanto desde el punto de vista arquitectónica como desde el social). El grupo de Junts per Catalunya llevaba tiempo pidiendo al equipo de gobierno municipal cuentas sobre el estado de esas fincas, después de varias quejas de vecinos de algunas de ellas, que criticaban que su nueva casera no fuera tan diligente cómo esperaban, después de años viviendo en fincas muy degradadas. Para darles respuesta, el equipo de gobierno ha elaborado un informe en el que se indica que de las 179 fincas adquiridas con necesidad de ser rehabilitadas de arriba abajo, hay 96 actualmente cerradas, vacías, en proceso de rehabilitación, algo que en ocasiones se alargará todavía meses o incluso años (algunas están aún por licitar).

Estas 96 viviendas -cifras a junio del 2019- suponen un 13,53% del total y están agrupadas en 12 fincas (aunque una de las cuales fue entregada, con mucho retraso, en septiembre del 2019). Del resto, tres se encuentran en obras, de siete se están aún redactando el proyecto y una última está aún en licitación. El informe no da direcciones concretas, pero la gran mayoría de esos edificios fueron noticia al ser comprados. Muchos de ellos se concentran en Ciutat Vella, donde, según han defendido siempre los 'comuns', era prácticamente imposible obtener suelo de otro modo. Fue especialmente mediático el caso de los número 7, 9 y 11 de Lancaster, bloques cuyos residentes llevaban meses advirtiendo de que sus hogares corrían peligro porque la propiedad quería venderlos a algún fondo de inversión. Una propiedad que, como en tantas otras fincas del barrio, las había dejado degradar sobremanera.

Baile de cifras

La realización del informa ha sido compleja, casi como la propia realidad (nunca tanto). Había edificios, por ejemplo en los que se compraba un número de pisos equis que, tras adaptarse a la normativa, se reducía bastante. Por citar una de las muchas problemáticas encontradas. En la ecuación han jugado además un papel importante los servicios sociales. Más allá del tocho, en la operación había en juego muchas personas. Muchas de las operaciones se han alargado también porque se ha tenido que analizar los pisos uno por uno, para ver quién vivía en ellos y qué derechos tenían.

El informe destaca además que el Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) gestiona 9.559 viviendas, de las que un 97% (9.277) "están en uso" frente a un 3% que están vacías, una cifra que la concejala de Vivienda, Lucía Martín, considera incluso necesaria ("no tener ningún piso vacío sería lo que nos tendría que preocupar, debemos disponer de una flexibilidad", señala).

Renuncias, litigios u otras incidencias

El tiempo que transcurre entre que una familia -o unidad de convivencia, que las llama el informe- deja un piso y otra "unidad de convivencia" entra a vivir en él se sitúa entre los tres y los cuatro meses, según se indica en el mismo documento, aunque "se dan importantes diferencias en función de si surgen incidencias durante la adecuación de la vivienda o en el caso de renuncias, litigios u otras incidencias que hagan necesario un nuevo proceso de adjudicación", concluyen los papeles. Cosas que pasan.

Más allá de las cuentas sobre qué ha pasado con lo hecho hasta ahora, Martín analiza la política de presente y futuro para seguir ampliando ese parque. "Se ha hablado mucho del 30%, que si no está a pleno rendimiento aún es porque durante los meses de moratoria se solicitaron muchas más licencias de lo habitual para poder construir esquivando la medida, anomalía que acabará normalizándose con el tiempo- relata-; pero en esta misma modificación de Plan General Metropolitano se introducía también la obligación de ofrecer la posibilidad de comprar de forma preferente al ayuntamiento cualquier finca que se venda en la ciudad".